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    Guatemala, lunes 06 de diciembre de 2004

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    OPINIÓN

    Fundamento del antejuicio

    Mario Fuentes Destarac

    El antejuicio no prejuzga sobre el fondo de la acusación penal ni sienta cosa juzgada.

    El derecho de antejuicio (de desafuero o de inmunidad) es un privilegio constitucional del que gozan determinados servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, que impide que los mismos puedan ser juzgados ante los tribunales comunes, por la comisión de delitos o faltas, sin que previamente una autoridad competente declare que procede la persecución penal en su contra, después de agotado el respectivo procedimiento de antejuicio.

    La Constitución otorga derecho de antejuicio al Presidente, Vicepresidente y Fiscal General, y a los diputados, procuradores General y de los Derechos Humanos, magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, ministros y secretarios de la Presidencia, entre otros. Los procedimientos de antejuicio contra estos funcionarios los conoce y resuelve el Congreso, a excepción de los antejuicios contra los diputados que le competen a la CSJ.

    Quienes defienden la existencia del derecho de antejuicio sostienen que el desempeño de ciertos cargos públicos debe protegerse de imputaciones falsas y de venganzas políticas o personales; por el contrario, quienes se oponen alegan que bajo ningún punto de vista se justifican excepciones al principio de igualdad ante la ley ni garantía de impunidad alguna.

    En todo caso, debe entenderse que la institución del antejuicio protege la función y no la persona del funcionario. Pretende preservar la estabilidad del desempeño del cargo público e impedir que el ejercicio de la función se vea perjudicada por el juzgamiento penal de quien temporalmente ocupa el cargo o por las vicisitudes políticas.

    Asimismo, el antejuicio no prejuzga sobre el fondo de la acusación penal ni sienta cosa juzgada. La autoridad que conoce el procedimiento de antejuicio no juzga ni tampoco condena o absuelve, sino que se limita a declarar si ha lugar o no a formación de causa penal. Por consiguiente, al no haber juzgamiento ni sentencia (condenatoria o absolutoria) tampoco podría haber cosa juzgada. Esto garantiza que la respectiva acción penal pueda replantearse después de que el funcionario hubiere cesado en sus funciones, en caso de que el antejuicio hubiere sido declarado sin lugar. Al respecto debe tenerse presente que la Constitución establece que la responsabilidad criminal de los funcionarios y empleados públicos se extingue por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena, que, por lógica, debe contarse a partir de que hubieren cesado en los cargos.

    Bajo ningún concepto podría concluirse que un antejuicio declarado sin lugar equivale a una absolución, porque no solamente se estaría desnaturalizando el derecho de antejuicio, sino que también se estaría actuando en fraude de la Constitución.

    Mario Fuentes Destarac

    5 diciembre 2004

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