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Guatemala, lunes 27 de diciembre de 2004

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Opinión:

Los violentos no deben imponerse

La impunidad es el mayor estímulo para la actividad del crimen organizado, de las bandas armadas y de las maras.

Mario Fuentes Destarac

Fuente menor Fuente normal Fuente grande
La realidad humana es la imperfección, aunque, guiados por la razón, siempre nos creamos capaces de progresar infinitamente hacia una perfección absoluta.

La experiencia nos enseña que la historia de la humanidad, desde un inicio, ha estado marcada por la competencia, el conflicto y la irracionalidad. La cruda realidad es que al ser humano le son inherentes el egoísmo, la ambición, la codicia, la pasión y la violencia. La aspiración del género humano es el altruismo, pero la realidad es otra.

De suerte que la justificación de un gobierno, como fuerza suprema y hegemónica, es precisamente la de imponer un orden a todos los seres humanos, que impida que los más fuertes o los más violentos impongan su derecho o se hagan justicia por propia mano, que ostente el monopolio del uso de la fuerza, que dirima los conflictos de intereses y que garantice y proteja la vida, la integridad física y los demás derechos de los gobernados.

Cuando un gobierno no tiene o pierde autoridad inmediatamente, se origina el caos y la anarquía. Los violentos, haciendo gala de crueldad y despotismo, toman el control, avasallan a las instituciones y se imponen sobre los demás con base en el miedo. La justicia oficial se desnaturaliza y se da paso a la impunidad. Bajo estas condiciones, el ser humano enfrenta la posibilidad de morir violentamente en cualquier momento, que es a lo que más teme.

En mi opinión, cuando un gobierno no tiene la capacidad para proteger y defender, como mínimo, la vida y la integridad física de sus gobernados, se deslegitima automáticamente, porque no está cumpliendo con su principalísimo deber, que se traduce en impedir que los seres humanos enfrenten la mayor tragedia de la vida, el morir brutalmente en manos de los violentos.

Todas las demás obligaciones estatales están subordinadas a este deber prioritario e ineludible. Luego, la seguridad pública, es decir la seguridad de las personas, debe ser una realidad plena y permanente. Para ello, el fortalecimiento de las instituciones que velan por el imperio de la Ley, a través de todas sus diversas manifestaciones, es esencial.

En nuestro país, la impunidad es el mayor estímulo para la actividad del crimen organizado, de las bandas armadas y de las maras. En tanto los violentos no experimenten en carne propia los efectos contundentes e implacables de una justicia pronta y cumplida, se continuarán burlando de la Ley y de la autoridad.

Dadas las condiciones de inseguridad personal imperantes en Guatemala, esperaríamos que el actual gobierno concentre todos sus esfuerzos en fortalecer las instituciones a cargo de la seguridad y la justicia y que declare la guerra frontal a las mafias y a los delincuentes que operan impunemente y que son responsables de la psicosis de miedo que nos embarga.
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