El ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López, quien estuvo detenido desde el 28 de julio de este año, fue excarcelado, mediante el pago de una fianza de Q1 millón, el pasado 23 de diciembre.
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El ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López, quien estuvo detenido desde el 28 de julio de este año, fue excarcelado, mediante el pago de una fianza de Q1 millón, el pasado 23 de diciembre.
Reyes López está acusado de la comisión de los delitos de caso especial de estafa, en grado de tentativa, abuso de autoridad, concusión y fraude, debido a que, a través de un préstamo de Q300 mil que otorgó al Patronato Antialcohólico de Guatemala, presuntamente intentó apoderarse de un inmueble valorado en Q26 millones, propiedad de dicha institución.
No obstante, también se imputa a Reyes López que, en el desempeño de sus funciones como Vicepresidente, se involucró en la impresión ilegal de volantes en la Tipografía Nacional para desacreditar a Jorge Briz (actual Canciller), la Conexión Panamá, la venta de medicamentos y suministros con sobreprecio al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la fusión anómala entre el BANORO y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, entre otros.
En virtud de que, como vicepresidente, Reyes López gozaba del derecho de antejuicio, su participación en dichos hechos no pudo ser investigada a fondo. Aparentemente se iniciaron algunos procedimientos de antejuicio en su contra ante el Congreso anterior, pero los mismos nunca prosperaron, ya que se necesitaba del voto favorable de las dos terceras partes de los diputados para que se declararan con lugar y el FRG, a la sazón partido oficial, contaba con la mayoría absoluta en el Legislativo.
Nuestra Constitución establece que la responsabilidad penal de los ex funcionarios públicos se extingue por el transcurso del doble del tiempo señalado por la Ley para la prescripción de la pena (extinción de la responsabilidad penal), a partir de que cesaron en sus funciones. Por ende, los ilícitos imputables a los ex funcionarios del régimen de Alfonso Portillo Cabrera deben ser investigados, juzgados y, en su caso, debidamente sancionados.
En conclusión, compete al Ministerio Público (MP) no sólo investigar y acusar penalmente a Reyes López por el asunto del Patronato Antialcohólico, sino también investigar su participación en los otros hechos indicados, que, por cierto, tienen una connotación aún más grave. También se esperaría que el MP, por fin, se decida por procesar penalmente al ex gobernante Portillo Cabrera, quien, bajo ningún punto de vista, debería salirse con la suya.
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