Tienen como referencia la gobernabilidad y la cohesión social.
Edgar Gutiérrez
Escribí hace una semana que un nuevo ciclo político larva en Guatemala. Despuntó en 2004 y su dato más relevante es el manejo corporativo del Estado. Los escenarios que propongo para este ciclo tienen como referencia la gobernabilidad y la cohesión social, que son, me parece, los principales desafíos del país en este período.
Gobernabilidad es legitimidad y estabilidad del poder a la hora de aplicar un proyecto de conducción política. Gobernabilidad democrática es legitimidad basada en cohesión social. La dialéctica entre ambos conceptos tiene un ajuste de tiempo político. La gobernabilidad es un producto de hoy, que refleja relaciones de fuerza en una institucionalidad dada. La cohesión social es un proyecto a construir que implica políticas transformadoras que interesan relaciones de poder. De esa tensión se desprenden tres escenarios:
1. Gobernabilidad democrática. La cohesión social es propósito nacional en torno al cual se negocian permanentemente acuerdos según las relaciones de fuerza. Referencias para ese pacto son los Acuerdos de Paz, el Pacto Fiscal, las Mesas Intersectoriales de Diálogo, estrategias contra la pobreza, agendas nacionales compartidas y otros. Se camina progresivamente hacia la cohesión social con grados aceptables de gobernabilidad, pues los actores se ven compelidos a ceder intereses parciales en la mesa.
2. Gobernabilidad autoritaria. La gobernabilidad, sinónimo de seguridad y orden, es la meta en sí misma. Es viable porque una élite articula a los poderes oligárquicos. Su indicador de éxito es el crecimiento económico y control de la inseguridad. La articulación implica un acuerdo político no democrático que garantiza a esas élites acceso a fuentes de formación capital y participación en el reparto de excedentes. Moviendo resortes de la cultura autoritaria y valores conservadores que anidan en la sociedad, la gobernabilidad autoritaria civil gana legitimidad.
3. Gobernabilidad precaria. No ocurren acuerdos nacionales ni se afianza, de entrada, el autoritarismo. En el aparato estatal no se operan mayores cambios ni iniciativas. Las tensiones entre grupos de poder se prolongan y contaminan otras esferas: aparato judicial, Ejército, Congreso, Ejecutivo, medios y grupos civiles. Riesgos de violencia política. No se renuncia al objetivo de la cohesión social, pero tampoco hay políticas contra la desigualdad. Los programas para mitigar la pobreza son residuales. Degradación de actores e insuficiencia de estrategias.
La vulnerabilidad ante la economía internacional aviva las tensiones internas. La conflictividad social es más espontánea y menos racional (políticamente); la movilización, más clientelar. Probables rupturas políticas y denuncias de antiguos pactos, aunque se trata de respetar los formalismos. Si la tensión se concentra sin contrapesos en la oligarquía, es la antesala de la gobernabilidad civil autoritaria. Si fuerzas intermedias democráticas alcanzan la necesaria organización, liderazgo y respaldo internacional, se abre la puerta de una gobernabilidad democrática.
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