Como se sabe, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, encargó en 2003 a un grupo de 16 internacionalistas una propuesta de reforma de la ONU. El informe, Un mundo más seguro: una responsabilidad compartida, se entregó en diciembre pasado y se dedica principalmente a la seguridad. En la agenda de las Naciones Unidas parece un paso lógico, si se considera que en los últimos años se avanzó con varios acuerdos en las discusiones sobre la política de desarrollo: la Cumbre del Milenio en 2000, la Conferencia sobre financiación del desarrollo en Monterrey y el Desarrollo sostenible en Johannesburgo en 2002.
Entre tanto, el mundo fue sacudido por serias crisis de seguridad (atentados terroristas, guerra en Irak), y los desacuerdos entre las naciones para enfrentar las amenazas trasmitieron efectos telúricos a las estructuras de la ONU con el riesgo de sumergirla en la inoperancia e irrelevancia. La agenda propuesta, que está ahora en manos de los estados miembros, deberá ser discutida por la Asamblea General con miras a levantar un consenso en las sesiones cumbres en septiembre de este año, aunque la reforma de la Carta de las Naciones Unidas (que es un tratado) llevará una ruta más larga y complicada, pues debe ser ratificada, mediante sus procedimientos constitucionales, por dos tercios de los 191 miembros, incluyendo a los 5 integrantes permanentes del Consejo de Seguridad.
Continuando con los debates de los últimos años, el documento supera las anteriores nociones de seguridad político-militar e internacional y describe las nuevas amenazas a la seguridad internacional: Las amenazas económicas y sociales, como la pobreza, enfermedades infecciosas y la degradación ambiental, los conflictos entre estados; los conflictos internos como la Guerra Civil, el genocidio y otras atrocidades a gran escalada; las armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas; el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional.
Se defiende la acción preventiva –ante la pobreza, y diplomática, y en “último recurso”, el uso de la fuerza– que sólo el Consejo de Seguridad puede legitimar. Pero la idea sustancialmente de mayor alcance desde 1945 es codificar la “responsabilidad de intervenir” para proteger a civiles atacados en sus derechos humanos si el Estado no lo hace. Se trata de una “revolución conceptual”, según algunos. A mi modo de ver, Guatemala ofreció, de acuerdo a sus condiciones e historia, enfoques y metodologías inéditas a través del proyecto de la malograda CICIACS. Creo, incluso, que de haber entrado a operar habría abierto una alternativa. Sin embargo, el informe que comento fue más allá. Y tenía la base. Recordemos que la idea de la CICIACS fue discutida y aprobada por la Asamblea General en 2003. El tema vuelve: ¿cómo fraguar un nuevo consenso sobre seguridad colectiva preservando libertades y derechos ciudadanos? Y la tensión entre nacionalismos e internacionalismo, presente en los 60 años de la ONU, volverá, sin duda, a despertar.
SUBIR
0 comentarios: