No hablan bien el español, algunos residen ilegalmente en el país y no cancelan al fisco sus impuestos. Pero esto no ha sido obstáculo para que un grupo de inmigrantes incursione en el negocio de la venta de ropa en Guatemala, lo cual les reporta ventas anuales de aproximadamente Q3 millones 500 mil, de los cuales el gobierno no percibe las tributaciones correspondientes. Así lo detalla una denuncia que la Gremial de Confeccionistas, Pequeños, Medianos y Artesanos interpuso en el Ministerio Público (MP) en abril de 2004, y que hasta la fecha ha permanecido inmóvil, en la Fiscalía de Delitos Económicos.
La acción legal, que constituye el único documento que delata el negocio de este grupo, señala que la ropa se expende en unas 29 tiendas ubicadas en áreas comerciales y residenciales, principalmente en las zonas 13, 14 y 15 capitalinas. En ellas se ofrece desde calcetines hasta pantalones de marcas extranjeras, las cuales, en su mayoría, son confeccionadas en Guatemala, según se puede comprobar por su etiqueta.
Los demandantes se apoyan en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, la cual prohíbe vender excedentes de maquila dentro del país, según el Decreto 29-89. “Cuando los materiales con los que se confecciona la ropa ingresan a Guatemala, se reportan como materia prima para exportación. No pagan impuestos porque se supone que todo ese material saldrá del país ya procesado, en este caso como ropa ya confeccionada”, señala Donald Robles, presidente de la Gremial.
Sin embargo, las prendas terminadas y con etiquetas de marcas reconocidas se venden en las tiendas a precios inferiores a los que ofrece el mercado. De acuerdo con la denuncia, el 70 por ciento es subproducto de maquila.
Según Rodas, este comercio ilícito ha representado pérdidas para el sector de confeccionistas. “Se han tenido que cerrar 700 empresas, lo cual significa alrededor de 40 mil empleos”, dice.
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