Los hechos acontecidos en Los Encuentros y a lo largo de la carretera que une los departamentos del occidente del país, estaban anunciados. Tanto las comunidades sabían que resistirían, como el gobierno preparaba la represión contra ellos, antes de buscar el diálogo y el consenso que evitaría la muerte de un campesino y las heridas a otros, incluyendo a agentes de la PNC. Pareciera que las órdenes de captura estaban previstas, así como los señalamientos de terrorismo que no contribuyen en nada a encontrarle solución a la problemática provocada por concesiones mineras en todo el país, en una entrega inusitada de nuestros recursos naturales a las grandes transnacionales que se quedan con la tajada del león, mientras el hambre seguirá campeando en el agro guatemalteco.
Es fácil echarle la culpa a las comunidades y hasta decir que Sololá no tiene nada que ver en el problema y que no entienden por qué se meten en lo que no les importa, cuando el cilindro iba camino a San Marcos. Pero son las propias autoridades quienes no entienden que se trata de una problemática nacional que afecta al país y que compete al pueblo velar por sus intereses, ya que –en definitiva– será el más perjudicado con la explotación minera a cielo abierto si no se toman las medidas adecuadas para evitar las consecuencias a futuro. Fácil es levantar el sable para hacer prevalecer el Estado de Derecho, garantizar la libre circulación de maquinaria y volar pasarelas que fueron construidas con la ayuda comunitaria, tal el caso de la que provocó la reacción de las comunidades de Sololá. Pero difícil es entender la problemática y con ello los derechos que asisten a los pueblos indígenas.
La imposición y no la consulta es lo que ha prevalecido. La represión y no el diálogo es lo que se planifica para que las comunidades cedan sus derechos. En los pueblos mayas, xincas y afrodescendientes existen serias dudas sobre los estudios de impacto ambiental que dicen han sido realizados y quieren, con justa razón, hacer prevalecer el Convenio 169 de la OIT porque consideran que los derechos de los pueblos indígenas de opinar y decidir sobre el destino de los recursos en sus comunidades ha sido violado.
El viernes hace ocho, se movilizaron más de 10 mil personas en Sololá, ante la inminencia del paso del cilindro. No fueron escuchados, como sí lo fueron los personeros de las transnacionales. No se creó la mesa de diálogo con la agilidad que la emergencia ameritaba y se hizo oídos sordos a las comunidades, porque la decisión de reprimir y no escuchar otro tipo de propuestas estaba tomada.
Reprimir, y no prevenir ni escuchar, puede ser el camino más fácil para hacer llegar la maquinaria que servirá para la explotación minera, sin embargo, las consecuencias de ello son imprevisibles. Cerrar un año de gobierno con actitudes represivas, no es el mejor balance que se puede hacer del gobierno, si se agrega a ello, la situación por demás lacerante de un aumento de la marginalidad, exclusión y pobreza, y el interés de poderes paralelos de seguir llevando agua a su molino. O se está y se gobierna con y para el pueblo o se está contra él y sus intereses.
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