Ley y orden

La función fundamental del Estado de Guatemala es garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas. De suerte que la existencia del Estado de Guatemala supone, ante todo, que éste ha logrado un efectivo monopolio de la fuerza en su territorio.

No obstante, la realidad es que el Estado de Guatemala no logra controlar la violencia creciente asociada al crimen organizado, a las bandas armadas, a las organizaciones paramilitares y a las maras. Estos grupos operan con absoluta impunidad, tienen sus propios códigos de conducta, cobran sus propios impuestos y, en algunos casos, han conseguido el monopolio de la coerción en los lugares donde llevan a cabo su actividad delictiva.

Por cierto, recientemente las más altas autoridades públicas han reconocido la vulnerabilidad del Estado de Guatemala frente a la delincuencia organizada transnacional, cuya actividad ilícita no solamente se materializa en violencia, sino también se percibe a través de impredecibles distorsiones económicas y de una grave erosión institucional.

Sin duda, este tipo de violencia organizada privada, sumada a la violencia provocada por la delincuencia común, mantiene a la población bajo una psicosis de miedo, de zozobra y de inseguridad. Por supuesto, aunque todos estamos expuestos a ser víctimas de la violencia, la situación ya está siendo completamente inmanejable en regiones o comunidades donde prevalece mayor grado de pobreza, desigualdad y marginación.

En mi opinión, la sustentabilidad y el desarrollo de la democracia dependen, inequívocamente, de que se instaure un sólido Estado de Derecho, que se traduce en el imperio de la ley, es decir, en la efectiva sumisión o la subordinación a ella de todos los poderes del Estado, así como de todos los poderes no estatales, sociales, económicos y demás, y de todos los habitantes del territorio nacional, por supuesto.

En tanto el Estado de Guatemala no cuente con el efectivo monopolio de la fuerza para hacer valer y respetar la ley y el orden que ésta impone, así como para proteger la vida, la integridad, la seguridad y los demás derechos de las personas, el poder de las mafias continuará creciendo a costa de la anarquía y del desorden, y no podrá concentrarse en la impostergable agenda del crecimiento económico y del desarrollo humano.

En conclusión, la gobernabilidad democrática comienza por un eficaz funcionamiento del sistema legal y por garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Si esto fallara, quedaríamos a la intemperie.

Agregar comentario: