El Gobierno de Guatemala y la ONU firmaron un convenio por medio del cual el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU contará con una oficina de representación en nuestro país...
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El Gobierno de Guatemala y la ONU firmaron un convenio por medio del cual el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU contará con una oficina de representación en nuestro país, que se ocupará principalmente de asesorar a las autoridades guatemaltecas en la formulación y aplicación de políticas para proteger los derechos humanos. Además, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, a través de dicha representación, asesorará en la materia a organizaciones no gubernamentales. Está previsto que dicha oficina tenga un mandato de tres años.
La presencia del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Guatemala coincide con el cierre de operaciones de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) que, por espacio de diez años, comprobó el cumplimiento de los Acuerdos de Paz suscritos por el gobierno guatemalteco y la ex guerrilla, y verificó la situación de los derechos humanos en Guatemala.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos no será el equivalente de Minugua, porque no recibirá ni investigará denuncias de violaciones a los derechos humanos, ni rendirá informes periódicos sobre la situación de éstos en el país, sino que más bien apoyará a las entidades y organismos gubernamentales y no gubernamentales en materia de protección y defensa de los mismos.
De conformidad con nuestra Constitución, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) es la institución oficial a cargo de velar por la protección y defensa de los derechos humanos en Guatemala. Sus funciones principales son: promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos; investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas; investigar toda clase de denuncias de violaciones a los derechos humanos de las que tenga conocimiento o noticia; y promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, para proteger y defender los derechos humanos.
En consecuencia, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos debe apoyar especialmente a la PDH, toda vez que éste es el que ha asumido toda la responsabilidad, desde la partida de la Minugua, en el ámbito de protección y defensa de los derechos humanos en el país.
Por cierto, el presupuesto asignado a la PDH siempre ha sido insuficiente, debido a que juega éste un papel de contrapoder dentro del Estado, lo que causa malestar y recelo en quienes ejercen el poder político temporalmente.
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