Legislar por legislar

Ha trascendido que los diputados han decidido desengavetar todos los proyectos de ley habidos y por haber, para proceder a aprobarlos indiscriminadamente. Esto con el ánimo de proyectar una imagen de trabajo responsable ante la opinión pública y la ciudadanía en general.

En nuestra opinión, Guatemala está sobrelegislada y, por consiguiente, sobreregulada. Se cuenta con más de 70 mil regulaciones en el país, entre leyes, reglamentos, disposiciones gubernativas y demás. Casi todas las materias están reguladas, aunque las respectivas normas no necesariamente se cumplen, observan o aplican a los casos concretos. Por ello, la percepción es de profundo irrespeto a la ley y de patética impunidad.

No es a través de más leyes que el Estado de Derecho se fortalecerá en nuestro país, sino a través de apuntalar a las instituciones del sector justicia (Organismo Judicial, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad, Ministerio de Gobernación e Instituto de la Defensa Pública Penal). Lo que necesitamos es desterrar la impunidad y la inaplicación de la ley, así como derogar un buen número de disposiciones anacrónicas, antieconómicas o absurdas.

Alguien decía, hace algún tiempo, que en Guatemala no vivimos en la ley de la selva, sino en la selva de leyes, en alusión directa a la cantidad exorbitante de regulaciones existentes. Sin duda, refrendamos esta jocosa pero al mismo tiempo veraz afirmación.

Empero, esto no quiere decir que las leyes no se actualicen ni que se dejen de regular nuevas realidades, especialmente aquéllas relacionadas con la informática y la biotecnología. También deben desarrollarse los tratados internacionales a los que nuestro país se vaya adhiriendo, tales los casos del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, entre otros. También debe reforzarse o ajustarse la legislación en materia electoral y de partidos políticos, agraria, penitenciaria, de ciencias forenses, de amparo, de antejuicio, de probidad, de servicio civil, de contrataciones del Estado y de adopciones. No se han emitido leyes clave como la de orden público, la de acceso a la información y la de la procuraduría general. Por otro lado, el recurso de gracia sigue en el limbo.

En fin, el trabajo legislativo no debe ser medido por la cantidad de leyes emitidas, sino por la calidad y pertinencia de las mismas.

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