El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Bonerge Mejía, está siendo objeto de acoso, vigilancia y amenazas telefónicas anónimas, a raíz de que las autoridades de dicha Facultad denunciaron ante el Ministerio Público (MP) la falsificación de un título profesional y la posible existencia de una red de falsificación de títulos.
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El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Bonerge Mejía, está siendo objeto de acoso, vigilancia y amenazas telefónicas anónimas, a raíz de que las autoridades de dicha Facultad denunciaron ante el Ministerio Público (MP) la falsificación de un título profesional y la posible existencia de una red de falsificación de títulos.
Sin duda, la denuncia de falsificación de títulos profesionales es extremadamente grave y debe investigarse a fondo, porque no puede tolerarse, bajo ningún concepto, la usurpación de la calidad profesional.
Preocupa sobremanera el que pudiera existir una red de falsificación de títulos profesionales y, por consiguiente, que la falsificación denunciada por las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala fuera un hecho ilícito asociado a una enorme conspiración contra la legitimidad de la titulación profesional en nuestro país.
Una conspiración tal estaría violentando el sistema de colegiación profesional obligatoria, cuya finalidad es el control del ejercicio de las profesiones universitarias, y burlando la confianza ciudadana en los facultativos no solo del Derecho, sino también de la Medicina, la Ingeniería, la Arquitectura, la Farmacia, la Veterinaria, etcétera.
Imaginemos por un momento que personas que ostenten títulos falsos pudieran ocupar las plazas de magistrados, jueces, fiscales y defensores, o de médicos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad (IGSS) o en los hospitales nacionales, sin ningún conocimiento científico ni experiencia alguna.
En consecuencia, exigimos de las autoridades estatales que brinden la protección debida a las acosadas autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y que no descansen en tanto no den con los autores y cómplices de la denunciada falsificación y, en su caso, hasta el efectivo desmantelamiento de la presunta red de falsificación de títulos profesionales.
La dignidad del ejercicio profesional universitario está en juego y, por ende, debería esperarse que todas las universidades del país, al igual que todos los colegios profesionales, hicieran causa común en la defensa de la legítima titulación profesional universitaria. En todo caso, también convendría que las universidades y colegios profesionales revisaran sus procedimientos de titulación y colegiación profesional, a fin de impedir la vulneración del sistema.
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