Ya me permití compartir con usted, anteriormente, que la fuga de asesinos y secuestradores es una bofetada más para las víctimas.
Acisclo Valladares Molina
Ya me permití compartir con usted, anteriormente, que la fuga de asesinos y secuestradores es una bofetada más para las víctimas.
Una bofetada cruel e ingrata que habrá de hacerles revivir pesadillas de amargura, y compartí también que ¡increíble pero cierto!, no se escuchan voces –denuncias– que señalen el atropello que la fuga constituye para los derechos humanos.
Un más que gravísimo atropello a los derechos humanos de las víctimas, especialmente de aquellas que afrontaron los procesos, de sus familiares, de los testigos que lograron superar el miedo, de policías, fiscales, magistrados y jueces que hicieron posibles las condenas y, en fin, de todos los guatemaltecos comunes y corrientes que quedamos expuestos –una vez más– a la acción de los mismos secuestradores y asesinos cuyas condenas se habían logrado tras largos y engorrosos procesos judiciales.
Es, en verdad, una bofetada cruel e ingrata y lo sería en cualquier lugar del mundo, pero resulta muchísimo mayor en Guatemala, puesto que es casi imposible entre nosotros que los asesinos, secuestradores, violadores, narcotraficantes, asaltabancos y asaltacasas sean condenados.
Cuando, a vía de excepción, se logra la condena, se produce la fuga.
Allí están secuestradores y asesinos –con sonrisa burlona– ahondando las heridas de las víctimas.
Y allí está el Estado, inepto y cobarde.
La fuga está consumada, y entre los fugados, un condenado a muerte y también quien amputó el dedo de un pequeño niño secuestrado.
¡Me hierve la sangre!
¿Cuántos testigos habrán quedado a su merced?
¿Cuántas víctimas reviven su tragedia?
¿Cuántos policías, fiscales y jueces se encuentran en peligro?
La pena de muerte continúa vigente en Guatemala, pero ésta no se aplica.
El Estado, grave cobardía de su parte, no se decide a aplicarla o suprimirla.
El Congreso de la República ni siquiera ha sido capaz de definir a la autoridad competente para conocer de los recursos de gracia, sabiendo muy bien que sin que éstos se conozcan es imposible ejecutarla.
Los derechos humanos de las víctimas son los derechos humanos olvidados.
Las autoridades –este es el colmo de los colmos– se hunden en el pantano oscuro de las recriminaciones recíprocas, echándose la culpa unos a los otros.
Bien dice el refrán que cuando se inventaron las excusas se acabaron los pendejos.
El Ejército de Guatemala ha tratado de justificar su inacción en el hecho de que habría sido prevenido hasta las 4:00 de la tarde del día anterior, excusa digna de figurar en los textos militares como expresión genuina de mediocridad e ineficiencia.
Con un presupuesto anual del orden de los Q1,000 millones, el Ejército de Guatemala fue incapaz de movilizar no digamos ya una división o una brigada, sino simplemente 30 hombres, entre oficial, suboficiales, especialistas y soldados.
¡Treinta hombres! cifra dada por la propia institución.
¡Quedaron en el olvido los tiempos de los estrategas y los tácticos, de los héroes y mártires!
¿Cómo habrán de sentirse las madres, las viudas y los hijos de oficiales y soldados que ofrendaron sus vidas en los años del conflicto?
¿Dónde está aquel Ejército?
¿Cómo podrán sentirse un Ricardo Méndez Ruiz o un Mario Paiz?
Es necesario señalar –se impone– que los mismos que se quejan de esta inacción y se rasgan las vestiduras son quienes han llevado al Ejército de Guatemala a la patética situación en que se encuentra.
Algunos, contra mandato constitucional expreso, han afirmado, hasta la saciedad, que la preservación de la seguridad interna no le corresponde: hoy cosechan ni más ni menos que lo que han sembrado...
Otras autoridades, por su parte, en este echarse la culpa los unos a los otros, señalan con increíble desparpajo y en inútil defensa de lo que es más que indefendible, que hicieron cuanto debían, puesto que ordenaron que se hiciesen múltiples requisas... ¿La requisa de un túnel? ¿De la puerta principal?
El Ministerio de Gobernación recrimina al de la Defensa y el de la Defensa al de Gobernación en un juego de ping pong más que grotesco.
Los tribunales de Justicia señalan –por su parte– que varios de los reos fueron trasladados sin orden judicial a la cárcel de la fuga.
Lo que no llegan a entender los funcionarios es que al ciudadano común y corriente le importa un bledo el juego de ping pong, las recriminaciones que se hacen, las excusas que se inventan, y que poco le importa –nos importa– quién puede ser más o menos responsable que los otros.
Lo único que es evidente es que el Estado no funciona.
Lo único evidente es que no protege a quienes debe proteger.
Es en verdad terrible todo lo ocurrido, pero lo que resulta peor es que pareciera ser que no quiere entenderse que es la bofetada final que propina el propio Estado, inepto y cobarde, a todas y cada una de las víctimas, a sus familiares, a los testigos, policías, fiscales, magistrados y jueces que lograron las condenas.
Lo he dicho ya, pero no me cansaré de repetirlo: Aquí, nadie, absolutamente nadie, es responsable de nada.
Y a ello me permito agregar que por eso estamos como estamos.
¿Por qué habríamos de estar en una situación distinta –me pregunto– si seguimos repitiendo los mismos errores?
Si nadie es responsable de nada, si hacemos lo mismo, ¿por qué habríamos de obtener resultados distintos?
La fuga de asesinos y secuestradores constituye –¡debemos entenderlo!– la coronación misma de la impunidad.
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