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    Guatemala, lunes 21 de noviembre de 2005

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    INVESTIGACIÓN

    Foguavi entrega: Q266 millones a ONG sin experiencia en construcción

    Cinco ONG y una empresa que no han cumplido con la subcontratación de constructoras, desarrollan un proyecto impulsado por el Ministerio de Comunicaciones, que dirige Eduardo Castillo.

    En enero de este año, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), inició el proyecto “Construyendo mi Barrio”, que pretende edificar más de 13 mil viviendas en 26 asentamientos de la capital ubicados en las zonas 6, 7, 12, 18, 21 y los municipios de Villa Nueva, Chinautla y Fraijanes.

    El CIV asignó Q226 millones de su presupuesto para que fueran administrados por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y el Banco del Café (Bancafé) por medio de un fideicomiso. Es por ello que el proyecto no se encuentra sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado y no se han realizado licitaciones para la contratación de las obras.
    La Junta Directiva del Fondo Guatemalteco de la Vivienda (Foguavi) eligió a cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y dos constructoras para que desarrollen el proyecto y administren el dinero. Entre las elegidas se encuentran: Misión Visión, Fundación Kanil, Acción para el Desarrollo (Acciopade), Asociación Civil Guatemalteca Hogar y Desarrollo (Hode), Asociación para el Mejoramiento Habitacional (Mejorah), y las constructoras Arquitectos, Ingenieros Corporación, S.A. (Arquinco) y Construcción de Obras de Infraestructura (Construec).

    El viceministro del CIV, José Luis Gándara Gaborit, y el director del Registro de Precalificados de Obras del CIV, Héctor Barahona, señalan que las ONG solamente canalizan los fondos, pero no construyen las obras. Las normas del CIV establecen que las ONG deben subcontratar a empresas precalificadas para la construcción.

    “Ninguna de estas ONG puede construir casas porque no tienen precalificación (requisito para mostrar aptitudes de construcción)”, dice Gándara. elPeriódico comprobó que este requisito fue violado. Las ONG Hode, Mejorah y Acciopade no subcontrataron constructoras y son ellas mismas o sus socios quienes las edifican. Sus personeros confirmaron que no cuentan con experiencia en proyectos de construcción. La abogada Lea de León asegura que la Junta Directiva del Foguavi incurrió en el delito de peculado, ya que se otorgaron los fondos sin constatar que las ONG cumplieran con los requerimientos legales. El ex comisionado para la Transparencia, Mario Fuentes Destarac, agrega que Acciopade tiene un conflicto de interés, ya que contrató a una constructora cuyo dueño es su socio.

    Por otro lado, Arturo Hegel, director de Foguavi, asegura que entre los requisitos que se tuvieron en cuenta para contratar a las ONG está la experiencia comprobable en proyectos habitacionales.

    Sin embargo, para Acciopade, Asociación Misión Visión y Mejorah este es su primer proyecto habitacional.

    El fideicomiso que no asegura transparencia

    Mario Fuentes Destarac, ex comisionado para la Transparencia, considera que se presentan dos problemas con la utilización del fideicomiso: “El fideicomiso no se sujeta a la Ley de Contrataciones del Estado y carece de control y fiscalización. Se presta para que los recursos se utilicen de una forma discrecional, lo que da lugar a que puedan cometerse arbitrariedades e ineficiencias. Los fideicomisos son imposibles de fiscalizar porque al contratar estas figuras se delega la administración de los fondos públicos a una entidad bancaria”, dice. Lo delicado de ceder el manejo de los recursos públicos a un banco es que este solo está sujeto a la fiscalización que realiza la Superintendencia de Bancos.

    Hugo Maúl, comisionado por la Transparencia, explica que los fideicomisos no están sujetos a la Ley de Contrataciones, por lo que no se publican en Guatecompras. Sin embargo, tanto las ONG como los fideicomisos están sujetos a la fiscalización de la Contraloría, señala. Asimismo, el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2005 para Guatemala establece que la fiscalización del gasto público y las inspecciones in situ practicadas por la Contraloría no son confiables.

    Denuncias de imposición


    >El Manual del Constructor del Foguavi recomienda que para la ejecución de casas, los beneficiados deben ser

    Equipo de Investigación

    20 noviembre 2005

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