Ayer se celebró el vigésimo sexto aniversario de la denominada “Quema de la Embajada de España” (acaecido el 31 de enero de 1980), evento en el que murieron cremadas 38 personas.
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Ayer se celebró el vigésimo sexto aniversario de la denominada “Quema de la Embajada de España” (acaecido el 31 de enero de 1980), evento en el que murieron cremadas 38 personas.
La “Quema de la Embajada de España” ocurrió durante el gobierno del general Romeo Lucas García (1978-82), que está registrado en nuestra historia patria como uno de los más sanguinarios, violentos y corruptos. Por cierto, dado que el gobierno luquista fue sucedido por otros regímenes de corte militarista, los ex funcionarios luquistas responsables de la violación de derechos humanos y de grotescos actos de corrupción quedaron impunes o resultaron beneficiados por las amnistías que fueron decretadas antes de que se promulgara la actual Constitución.
A pesar de que han sido publicadas varias versiones extrajudiciales de los hechos, estos jamás han podido esclarecerse plenamente por las autoridades. Por consiguiente, los tribunales de justicia se han visto imposibilitados de juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.
La versión del régimen luquista no es confiable, dado que un buen número de sus más altos funcionarios, incluso el mismo Lucas García, tuvieron participación directa o indirecta en los hechos.
En España, dado que en el interior de la misión hispana fallecieron varios ciudadanos españoles, se abrió proceso criminal en contra de Lucas García, quien reside en Venezuela, y de su ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, entre otros.
El año pasado, el Juez Undécimo de Primera Instancia Penal de nuestro país ordenó al Ministerio Público que continúe la investigación, aunque, a la fecha, se desconoce si ha habido o no avances . Ojalá que, al final, la verdad brille y todo el peso de la ley caiga sobre los responsables.
¿Qué pasó con el TPS?
Inmediatamente después de que la tormenta Stan causó estragos en el territorio nacional, la Cancillería anunció, con mucha suficiencia, que era muy probable que el gobierno estadounidense otorgara el TPS (Estatus de Protección Temporal) para los inmigrantes guatemaltecos que se encuentran en territorio de EE.UU. Los meses han pasado y el TPS ni visto ni oído. Cabe, entonces, solicitar al presidente Berger que ordene a la Cancillería que haga público el resultado de su gestión, para no seguir despertando falsas expectativas entre la población.
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