La ejecución del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR), adscrito a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), cuyo objetivo es asignar a los diputados Q400 millones en obras durante el presente año, se lleva a cabo a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el propósito de que no se aplique a las contrataciones la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, la Ley del Servicio Civil, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ni el Código de Ética del Organismo Ejecutivo.
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La ejecución del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR), adscrito a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), cuyo objetivo es asignar a los diputados Q400 millones en obras durante el presente año, se lleva a cabo a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el propósito de que no se aplique a las contrataciones la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, la Ley del Servicio Civil, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ni el Código de Ética del Organismo Ejecutivo.
En relación al PACUR, el responsable de OIM en Guatemala, Günther Müssig, expresó que “en este país no hay obra sin sobra”, en respuesta a los señalamientos de que los diputados exigen comisiones (sobornos) a empresas a cambio de adjudicar obras. Asimismo, Günther Müssig afirmó que “si una empresa le pasa plata a un diputado o a un funcionario, no es nuestra función investigarlo”.
Como se recordará, OIM es el mismo organismo internacional que en 1999 se vio involucrado en el escándalo de corrupción del Campo de Marte. Sobre este particular, Günther Müssig declaró que “no se puede seguir con eso siempre. Si un ladrón purga su pena, ya no es ladrón”; y, asimismo, justificó la no utilización del sistema Guatecompras diciendo “Si en 2005 no usamos Guatecompras, no era para esconder, sino para agilizar”.
En nuestra opinión, éstas son afirmaciones gravísimas que no solamente denotan absoluto descaro y cinismo, sino que ponen en evidencia que la tan cacareada política gubernamental de transparencia y de combate a la corrupción fue nada más para taparle el ojo al macho y para convencer a incautos.
Después de estas declaraciones del responsable de OIM, lo menos que se esperaría del actual gobierno es que diera por terminados todos los convenios y acuerdos con OIM y que le solicitara que, inmediatamente, se marche del territorio nacional, por supuesto posteriormente a que rinda cuentas sobre sus gestiones y actuaciones.
Asimismo, se esperaría que la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público iniciaran una investigación a fondo de todas las gestiones y actividades de OIM en Guatemala, a fin de establecer no sólo anomalías e irregularidades, sino también la comisión de delitos.
Éstas son las cosas que no se pueden dejar pasar por alto.
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