Dos entidades del Estado se encuentran fuertemente cuestionadas: la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).
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Dos entidades del Estado se encuentran fuertemente cuestionadas: la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).
Los señalamientos contra la SCEP se deben a las anomalías e irregularidades detectadas en la ejecución del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR), cuyo propósito es la asignación de obras a los diputados por Q400 millones durante el presente año (el año pasado se asignaron y ejecutaron Q200 millones).
A su vez, el dirigente sindical de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), Nery Barrios, denunció que la SOSEP fue utilizada para ingresar al territorio nacional mercadería sin pagar impuestos, a través de contenedores dirigidos a dicha entidad estatal.
En un reciente comunicado de prensa, la SOSEP se defendió de las imputaciones en su contra y ofreció que toda la documentación relacionada con sus programas, especialmente aquella que corresponde a donaciones que han sido confiadas por la cooperación nacional e internacional en beneficio de los más necesitados, “han estado, están y estarán siempre a disposición del escrutinio público”.
Siempre hemos insistido en la necesidad de que los funcionarios públicos rindan cuentas periódicamente y en la importancia que reviste el libre acceso a la información pública. Ningún ministerio ni secretaría de la Presidencia, salvo el Ministerio de Gobernación, han rendido cuentas ni han dado acceso a la información pública. Por consiguiente, no ha existido la transparencia debida.
El presidente Óscar Berger prometió que todos sus funcionarios rendirían cuentas, al igual que lo hizo en agosto del año pasado el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes. No obstante, todo se quedó en veremos. Asimismo, el gobernante se comprometió a dar acceso a la información pública en todos los ministerios, secretarías, entidades y dependencias del Organismo Ejecutivo, a través de un acuerdo gubernativo que así lo garantizara. Sin embargo, lo que se emitió fue una disposición gubernativa sin dientes, por lo que la misma ha sido acatada pero no cumplida.
Urge, entonces, la emisión de la Ley de Acceso a la Información y que se modifique la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, en el sentido que se obligue a los funcionarios a rendir cuentas periódicamente y sujetarse al escrutinio público.
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