¿Qué Corte puede ser independiente y garantizar la vigencia del Estado de Derecho?
Miguel Ángel Albizures
No se puede estar seguro que las mafias estén atrás de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, o si varios de quienes se postulan representan esos intereses para mantenerse en un puesto de suma importancia desde el cual se puede retorcer la Constitución con fines políticos que violentan el Estado de Derecho y favorecen a sectores determinados que siguen actuando impunemente en Guatemala. Sea como sea, las caras que aparecen y el pasado que tienen, debe ser motivo suficiente de rechazo ciudadano y de los organismos que tienen en sus manos la posibilidad de postular a puestos tan determinantes para fortalecer el proceso democrático y la vida política del país,
El Movimiento Pro Justicia (MPJ), que en diferentes oportunidades ha hecho un aporte con propuestas de transformación del caótico sistema de justicia que tenemos y de cuidadosa fiscalización en elección de jueces y magistrados, una vez más levanta la voz de alarma expresando su preocupación por injerencias partidarias y de grupos de poder en el proceso de elección de los y las magistradas de la CC.
Y tienen razón, pues escuchar las aspiraciones de algunos nombres como el de Cipriano Soto, Francisco Palomo o Napoleón Gutiérrez, los tres de generales y actitudes nefastas conocidas, da escalofrío y muestra en cierta forma la garra del FRG estirándose para copar la Corte junto con otros partidos a los que les interesa colocar sus propios peones. No por gusto tanto el FRG, como el Patriota, la UNE y el llamado Bloque Integracionista, se han opuesto, según lo han denunciado las organizaciones pro Justicia y la ex magistrada y actual diputada, Conchita Mazariegos, al funcionamiento real de la comisión específica que tendría a su cargo recibir y estudiar los currícula de los aspirantes a magistrados a la CC y presentar al pleno del Congreso un informe con las candidaturas plenamente fundamentadas.
El MPJ, con justa razón, considera que con la actitud asumida sólo se propician “candidaturas arbitrarias y una elección que, lejos de buscar la idoneidad, la ética y la excelencia profesional de los aspirantes, estará orientada a colocar aliados estratégicos que, en el momento oportuno, podrían funcionar en el seno de la CC como operadores políticos de los electores, como ya ocurrió en el período por concluir”.
Pero las cosas no quedan allí, abogados sujetos a proceso son aspirantes a magistrados, tal el caso del licenciado Héctor Efraín Trujillo Aldana quien ahora pretende impugnar las elecciones en la Usac. Este personaje se encuentra sujeto a investigación por lavado de dinero en el desfalco al IGSS. En manos del Consejo Superior Universitario queda promover la impunidad o ponerle freno, seleccionando candidatos idóneos
El otro caso que está en la balanza es la candidatura del abogado Rolando Segura Grajeda, a quien la Fundación Mack y la Comisión Interamericana de DH, considera un promotor de la impunidad y la denegación de justicia, pues cuando ejerció como presidente de una Sala de Apelaciones obstaculizó el proceso judicial, retrasó el juicio oral, y favoreció a los militares acusados del asesinato de Mirna Mack. Con firmitas así, ¿qué Corte puede ser independiente y garantizar la vigencia del Estado de Derecho? Veremos a quiénes proponen los organismos que constitucionalmente pueden hacerlo y a quiénes elegirán los diputados, pues de acuerdo a sus decisiones, mediremos también su voluntad política de rescatar la CC de manos espurias.
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