Lucha contra la corrupción

Los escandalosos niveles de despilfarro y corrupción que imperan en el sector público han repercutido negativamente en la moral tributaria de los guatemaltecos, quienes no están dispuestos a seguir entregando dinero a quienes lo malgastan, malversan o simplemente se lo echan a la bolsa.

La crisis económica prácticamente tiene de rodillas a la población, la que difícilmente sobrevive en un ambiente caracterizado por el incesante cierre de empresas, la dramática pérdida de empleos, la reducción drástica del consumo y la inversión, la incertidumbre, la inseguridad y la desconfianza.

Los presupuestos familiares se han reducido al máximo y los guatemaltecos están haciendo verdaderos esfuerzos para llevar a casa el pan de cada día. Lo anterior sin perjuicio de la grave inseguridad por la que atraviesa la sociedad guatemalteca, que le hace temer de los ladrones, de los asesinos y de los delincuentes en general.
Y aún asi vienen los gobernantes a exigir más dinero a los contribuyentes, como que sí no hubieran sido suficientes los miles de millones de quetzales que anualmente se les han entregado por vía de los impuestos. A los pobrecitos no les alcanza para seguir con los jugosos contratitos y concesiones, para seguir dando empleos a sus correligionarios, compadres y parientes, para seguir viajando con lujos y séquitos numerosos, para seguir comprando voluntades, para seguir aumentando guardaespaldas, para seguir disponiendo ampliamente de los gastos discrecionales (que sustituyeron los confidenciales) a través de los fondos sociales, los fideicomisos, el PACUR y demás; y, en fin, para seguir dándose la vida de reyes.

Llegó el momento de decir basta ya. Llegó la hora de exigir transparencia, calidad, racionalidad, priorización y optimización en el uso de los fondos públicos, así como de demandar que se inicie un proceso de recuperación de los dineros estatales que han ido a parar a manos de los corruptos. Por cierto, estamos seguros que si se hiciera un esfuerzo eficaz en función de la devolución de los fondos públicos que fueron a parar a los bolsillos de los corruptos, no habría necesidad de exigir nuevos impuestos a la población. Son, como ya dijimos, miles de millones de quetzales en el limbo.

¿Qué pasó con las leyes anticorrupción? ¿Qué pasó con las investigaciones criminales contra los corruptos del gobierno anterior? ¿Dónde está la voluntad política de desmantelar el sistema paralelo de gasto público, al cual le son inherentes la discrecionalidad y la corrupción?

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