Las reformas se dirigen fundamentalmente a los aspectos administrativos.
Bienvenido Argueta Hernández*
Recientemente el Gobierno de Guatemala ha presentado propuestas para modificar la ley de educación. Históricamente, toda reforma demanda una visión clara y consciente del proyecto de sociedad y formación de ciudadanos que deseamos ser. A la vez, un Estado Democrático requiere del consentimiento y participación de las personas libres para legitimar las leyes mediante su deliberación. Por tanto, me permito presentar algunas reflexiones académicas y legales de las mismas.
Las propuestas de modificación presentan contradicciones con la Constitución Política de la República, específicamente en lo relativo a la estructura del sistema educativo nacional. La Constitución establece el derecho y la obligación de recibir la educación inicial. En las propuestas de reforma que promueve el Ministerio de Educación se elimina la educación inicial, el derecho y la obligatoriedad para atender a la niñez desde su concepción hasta los cuatro años de edad. De tal forma, esta propuesta contradice a la Carta Magna, así como a la “Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia” y Tratados Internacionales que garantizan este derecho fundamental de la infancia. Se resta importancia a la formación de la niñez en este período, base para el desarrollo de la personalidad, la autoestima y los futuros aprendizajes.
Otra incongruencia con la Constitución es la creación del “Ciclo Post-diversificado”. Los estudios posteriores al ciclo diversificado en Guatemala están a cargo de las universidades. En otras legislaciones no aparece ningún ciclo llamado post-diversificado. Lamentablemente en la propuesta no se define esta invención. Se evidencia la falta de claridad con respecto a la estructura racional del sistema educativo. Todo lo que es “extraescolar” queda devaluado, condenando así a la marginación a la niñez de 0 a 5 años y a la mayoría de jóvenes sin acceso a la educación secundaria.
Las reformas se dirigen fundamentalmente a los aspectos administrativos, descuidando la calidad de la educación. Los principios y fines establecidos por la ley vigente permanecen sin ser reformados, no obstante esto constituye la esencia misma que motiva la reforma educativa. La calidad se define principalmente por su efectividad y por estándares, restándole el carácter fundamental de formación integral constituida por las dimensiones “humanista, estética, científica, crítica, participativa, técnica, multicultural, democrática, física y dinámica”.
La propuesta del Ministerio de Educación con relación al modelo de gestión reduce la participación de la sociedad civil en la orientación y auditoría de las políticas educativas. La naturaleza del Consejo Nacional de Educación se limita a ser “un órgano consultivo adscrito al Ministerio de Educación”. Las implicaciones de dicho cambio condenan al sistema educativo al criterio exclusivo de los ministros de turno para formular las políticas educativas, sin garantizar la continuidad, transparencia y compromiso de todos los actores con la educación.
En la propuesta, no se cumple con la Constitución y los compromisos del “Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas”, en lo referente a la descentralización en su carácter de regionalización con criterios étnicos y lingüísticos. Por otra parte, la nueva propuesta de comunidad educativa abre la oportunidad de acción a aquellas organizaciones legalmente reconocidas. Esto quiere decir que las comunidades que no acepten directrices marcadas por los gobiernos de turno o medidas arbitrarias de un Estado centralizador, estarán al margen de la ley. Entonces: ¿cómo se concilia un concepto tan limitado de comunidad educativa con los procesos de educación escolar y extraescolar en sus diversas modalidades para ofrecer respuestas a los requerimientos de una educación para toda la vida?
Los compromisos de reforma educativa pueden convertirse en una amenaza si se sigue la perspectiva unidimensional y la comprensión limitada de una propuesta de modificación a la ley que pone en riesgo su carácter público. Es válido que el Gobierno de Guatemala abra a discusión su propuesta. Pero aún se carece de espacios eficaces de discusión y consenso que incluyan al Congreso, Ministerio de Educación, Comisión Consultiva, Magisterio, universidades y sociedad civil.
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