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Guatemala, lunes 03 de abril de 2006

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Opinión:

Enmiendas de última hora

Las enmiendas de última hora que se introdujeron en la Ley contra el Crimen Organizado alteraron substancialmente el proyecto de ley original y pusieron en entredicho al Congreso.

elEditorial

Fuente menor Fuente normal Fuente grande
Estas reducen las penas máximas de prisión correspondientes a 28 delitos de alto impacto (narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, etcétera).

Por las reacciones de algunos diputados, especialmente del mismo presidente del Congreso, Jorge Méndez Herbruger, a la hora de la aprobación final de la referida ley no se reparó en las enmiendas que se le habían introducido al respectivo decreto legislativo, por lo que, aparentemente, fue aprobado a ciegas.

Resulta inaudito que una ley de tanta importancia y trascendencia se haya manejado con tanta ligereza e irresponsabilidad en el seno del Congreso, al extremo que algunos congresistas le pudieron meter mano al texto final en el último momento y desvirtuarlo completamente.

Por supuesto, el resultado fue una normativa confusa y ambigua, que, en vez de brindar certeza, genera incertidumbre e inseguridad jurídica, y sobre todo una tremenda incomodidad con los diputados al Congreso, que siguen legislando a raja tabla.

Afortunadamente, la prensa se percató del desaguisado y lo trasladó a la opinión pública, por lo que lo más probable es que el mismo no se consume. Sin embargo, la entrada en vigencia de la Ley contra el Crimen Organizado se demorará aún más, por supuesto si es que el Presidente de la República la veta. Si el gobernante no la veta, pues la normativa entrará en vigencia con todos sus clavos, que tendrán que ser sacados por medio de otra ley.

Pero volvamos a la aprobación del texto legal modificado. Las preguntas que todos nos hacemos a estas alturas son: ¿existe o no control de los proyectos que se discuten y aprueban en el Congreso? ¿Cualquiera puede introducir enmiendas a los decretos legislativos? ¿Quién establece si los textos que se están leyendo corresponden a los proyectos que han sufrido el trámite interno? ¿Quién verifica los textos de las leyes? ¿Existe alguien que va confrontando los textos que se están leyendo en el Congreso? ¿Cómo es posible que el Presidente del Congreso esté desinformado sobre un texto legal aprobado?

En nuestra opinión, el proceso legislativo debe ser absolutamente transparente y sin que genere ninguna sospecha, duda o entredicho, porque, casualmente, el producto del mismo es nada menos que las leyes del país.
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