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Guatemala, martes 18 de abril de 2006

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Opinión:

Incertidumbre ciudadana

El crimen organizado tiene operadores en otros ámbitos.

Carmen Rosa de León-Escribano

Fuente menor Fuente normal Fuente grande
Nuestros diputados nos tienen acostumbrados a casi todo, incluyendo la vergüenza internacional de promulgar leyes que favorecen al crimen organizado. Después de conocer el nombre de algunos de los involucrados en las modificaciones que dieron lugar al bochornoso espectáculo de pedir el veto a lo que ellos mismos habían aprobado por unanimidad, no queda más que preguntarse quiénes influyen más en las decisiones del Legislativo, los intereses foráneos que insistieron en introducir un listado de delitos, o el mismo crimen organizado que tienen sus agentes bien colocados en curules de los diferentes partidos. Desde “desvisados” hasta familiares de “exitosos” empresarios que pasan los productos de largo por las fronteras, tuvieron que ver en dejar delitos fuera de la definición y aplicación de la ley y en lograr rebaja a las penas por hechos criminales cometidos por miembros de las organizaciones criminales.

En la propuesta original de esta iniciativa se planteaba la definición de lo que se entiende por crimen organizado, sin entrar a listar delitos vinculados al mismo. Esto último no hace más que dificultar la aplicación de la ley, ya que pueden quedarse por fuera otras acciones ligadas a la forma de operar de estas bandas. Sin ir más lejos, el tráfico ilícito de armas, asociado a la mayor parte de las acciones criminales, no aparece como parte del listado, así como tampoco se contempla como delito en la propuesta de modificación a la Ley de Armas y Municiones.

El objetivo principal de la propuesta legislativa es proporcionar a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, la capacidad de combatir al crimen organizado a través de procedimientos y mecanismos que sin dejar de respetar el marco del Estado de Derecho, permitan accionar en forma efectiva para investigar, atacar y desmantelar las complejas redes de las organizaciones criminales. Introducir el listado de delitos como parte de la definición de crimen organizado, genera ruidos y distractores innecesarios.

Este hecho vuelve a poner sobre el tapete, no solo la incapacidad de los partidos políticos para actuar en función de las demandas de la sociedad y la urgencia de las necesidades, sino también, la extensión de los tentáculos del crimen organizado que encuentran operadores en todos los niveles y ámbitos. Pero lo más terrible, es la sensación de incertidumbre sobre el verdadero contenido de las leyes que se han ido aprobando y aquellas que están en espera de discusión. ¿A quiénes favorecerá?
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