En sociedades como la nuestra en donde la planeación del día a día es lo único que cuenta, resulta lógico predecir que luego de la aprobación inminente de la denominada “Ley de Implementación”, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se deje venir una andanada de improvisaciones, bajo la excusa de que estamos “planeando” la preparación para competir en la olimpiada de la competitividad y el libre comercio globalizado. Es algo así como si un atleta, luego de ser autorizado para ir a la Olimpiada de Pekín, comenzara “en serio” con el arduo trabajo de entrenamiento físico. La situación se complica si asumimos que dicho atleta, como es el caso del país, tiene hasta el momento serias patologías que superar. En primer lugar no es un atleta sano, y en segundo, ni siquiera ha comenzado su preparación en serio.
Es así como llegamos de nuevo al tema del Pacto Fiscal, en torno al cual hemos estado dando vueltas de trompo desde tiempos inmemoriales. Basta con indagar en la historia guatemalteca para darnos cuenta que desde los tiempos en que el ungido Marqués de Aycinena manejaba el poderosísimo Consulado de Comercio, controlando vidas de cientos de productores y consumidores, la cantaleta de un Estado en trapos de cucaracha para hacerle frente a los retos del fomento económico era la cantaleta también del “No se puede… No hay”, que nos tiene pobrísimos en términos de bienes públicos.
Es evidente que quienes tienen que dar el ejemplo para que los súbditos de la Hacienda Pública nos interesemos por un “Pacto”, son dos señoronas que se llaman “burocracia” y “tecnocracia”. Ellas son poseedoras de un discurso doble. Por un lado inspiran lástima por falta de recursos. Pero internamente toman decisiones interesadas en el aumento de sueldos, prestaciones, granjerías de todo tipo, y en las magistraturas hasta un oficioso pago de altísimas prestaciones (Q750 mil) a magistrados electos por cuatro años.
A los expertos en pactos fiscales los invitaría a efectuar un simple ejercicio estadístico: si estableciéramos el nivel de dispersión salarial que existe en entidades públicas diversas: ministerios, magistraturas y entes autónomos, nos daríamos cuenta de la tremenda inequidad de ingresos entre la “alta elite burocrático-tecnocrática” y los trabajadores menos calificados de dichas organizaciones. El ejercicio podría ser más dramático si comparamos esos sueldotes con los ingresos del campesino y el artesano que mantiene toda esa pirámide. Todo ello ha sido gracias a las ansiadas e interesadas autonomías, que convierten en intocables a los tecnoburócratas, y que comprueban hoy en día que este grupo social poderoso tienen evidentes intereses que son urgentes de controlar con la ayuda de la prensa y de la maquinaria democrática.
Hace falta entonces, primeramente, un Pacto y ofrecimiento moral de estos grupos, de lo contrario, pedir más cacao de nosotros es algo poco creíble y hasta cierto punto inmoral.
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