A propósito de este 1 de mayo es oportuno mencionar algunos datos que aporta la revista ¿Hacia dónde vamos? Ello porque hay quienes califican como delito las protestas, justifican la represión y aplauden las acciones gubernamentales.
En un recuento de 27 conflictos agrarios y laborales, en los que están involucradas más de 3 mil familias, describen como causas de los mismos: el despojo de tierras, adjudicaciones irregulares, desconocimiento de derechos históricos, corrimiento de linderos, incumplimiento del pago de salario mínimo y prestaciones. Ello provoca que casi 30 mil personas vivan en la miseria con la complacencia de la institucionalidad estatal.
Además de sufrir hambre, estas familias fueron objeto de intimidación, amenazas y represalias durante 2005. El reporte publicado por la Pastoral Interdiocesana de la Tierra indica que en San Marcos se realizaron detenciones ilegales, órdenes de aprehensión, quema de cultivos, desalojos y muertes. En Quiché además de órdenes de captura se destruyeron cultivos. En Suchitepéquez tuvieron lugar desalojos, agresiones físicas a dirigentes y retención de salarios. En Quetzaltenango se registraron quema de viviendas, despidos , corte de servicios y procesos.
Esta mirada desde el campesinado (subtítulo de la revista) es un ejemplo de lo que sucede en el campo guatemalteco. Muestra con datos y argumentos la desigualdad en su máxima expresión que niega una vida digna a las y los trabajadores agrícolas, tolera la arbitrariedad de empleadores y terratenientes y hace evidente por qué continúan las migraciones.
Este panorama es lo que motiva las protestas. Si bien pueden existir diferentes propuestas y formas de lucha entre las organizaciones campesinas e indígenas, resulta una infamia tratar como delincuentes a quienes se atreven a levantar la voz para exigir el respeto a sus derechos.
Este 1 de mayo es posible que suba el tono de la protesta. Existen muchas razones por las cuales las personas trabajadoras quieran manifestar su inconformidad con este sistema que pisotea el derecho al trabajo permanente y digno, a salarios justos y prestaciones laborales. El boicot al consumo de productos de grandes monopolios, convocado por grupos de migrantes, es una buena oportunidad para apoyar las demandas de compatriotas latinos. Y al mismo tiempo hacer evidente que el gobierno guatemalteco continúa participando en mesas de diálogo pero no escucha al sector social ni está dispuesto a cambiar los mecanismos clienterales que ahora le urgen por acercarse el período electoral.
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