¿Cuál política del migrante?

Una política pública es un curso de acción trazado en el marco de un plan estratégico cuyo objetivo principal es atender o resolver determinada necesidad, problema o asunto de interés público, social o nacional.
Luego, resulta imposible que si no se ha diseñado un plan estratégico pertinente y que pueda implementarse una política pública, que está más enfocada a las acciones y decisiones que deben adoptarse para el cumplimiento de los objetivos generales y específicos.

En materia del migrante, la única persona que estuvo trabajando en la Cancillería guatemalteca en función del diseño de un plan estratégico para abordar la problemática, fue la ex vicecanciller Marta Altolaguirre. Desafortunadamente, Altolaguirre se vio obligada a renunciar de su cargo debido a que el Canciller Jorge Briz estaba interesado en apropiarse del tema con fines de promoción política. La falta de un plan estratégico relativo al migrante y la ausencia de una política del migrante han redundado en que la Cancillería se limite a reaccionar ante los acontecimientos, muchas veces con lamentable temor reverencial, titubeo e improvisación.

La improvisación de la diplomacia guatemalteca se puso en evidencia cuando, después de un par de viajes del Canciller Briz a los EE.UU., dio por hecho que el Gobierno estadounidense concedería a nuestros migrantes el Estatus de Protección Temporal (TPS), a raíz de la devastación que dejó tras de sí la tormenta Stan. Y la Cancillería lo dio por sentado dado que el Gobierno estadounidense ya lo había otorgado a Honduras y Nicaragua, como un beneficio compensatorio por la destrucción que dejó el huracán Mitch.

Sin embargo, no se reparó en que el TPS se solicitaba en un momento en que la tendencia en EE.UU. era hacia una política radical de prohibición de la inmigración, por lo que la gestión cayó en un limbo. Sin duda, el Gobierno estadounidense no la ha rechazado de plano, por no agraviar a nuestra diplomacia, aunque, como dice el refrán, al buen entendedor pocas palabras.

Ante la amenaza de vigencia de la Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal, que criminalizaría a los indocumentados en territorio estadounidense, no se ha pasado del mero cabildeo protocolario y se ha puesto en evidencia la falta de congruencia de metas entre la Cancillería y las organizaciones de migrantes. En fin, todo se reduce a que no existe una estrategia respecto del migrante y tampoco una política del migrante. Y pensar que son los que mantienen a este país. ¡Qué inconsecuencia!

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