El fin de semana, cuando la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas Louise Arbour, escuchaba a un grupo selecto de mujeres sobre el feminicidio en Guatemala, nos sorprendió el asesinato premeditado del gobernador de Sololá, no solo por tratarse de una vida humana que se pierde en el torbellino de la violencia, sino por ser una de las principales autoridades de ese departamento que, según dicen, contribuyeron a la detención de la banda que asolaba la región y que hace escasos días quedó libre “por falta de pruebas”, porque la portación de armas de fuego ofensivas, autorizadas por el Decam, los asaltos a mano armada y los señalamientos de testigos del criminal actuar de los maleantes, no son prueba para los jueces, ni entran en las investigaciones de los fiscales. Como a todas luces no se trató de un crimen por robo, esperamos que las autoridades no vengan a decirnos que se trató de un saldo de cuentas del crimen organizado y que ahí pare la investigación, como suele suceder con las más de diez muertes violentas diarias que se producen en el país y quedan en las frías estadísticas que asombran a la comunidad internacional. El mismo día viernes que se produjo este crimen, elPeriódico nos proporcionó las declaraciones del Presidente de la República que no dejan lugar a dudas de lo que puede seguir sucediendo en el país: “El jueves 18 de mayo el presidente Óscar Berger comunicó a funcionarios de Gobernación sus temores que en el país pudiera suceder un operativo delincuencial a gran escala” y, según la noticia, “mencionó datos oficiales acerca de un ataque del crimen organizado contra diferentes estructuras estatales. Su fin, crear el caos”. ¿No será que se está produciendo una mezcla o simbiosis entre el crimen organizado y el crimen político? ¿Quiénes pertenecen al primero y comandan estos grupos?¿Qué investigación se ha hecho del funcionamiento de estos grupos, de las policías privadas, de militares en retiro, de los mismos diputados que han sido denunciados, del funcionamiento de la estructura del Ministerio Público?. No se puede simplemente aceptar que el Presidente nos diga que se va a provocar el caos y no se tomen serias medidas para evitar crímenes como el del gobernador de Sololá. No quieran responsabilizar después al movimiento social o a las organizaciones de derechos humanos de ser parte de un plan desestabilizador, pues la denuncia y la protesta tienen otras causas y persiguen precisamente la aplicación de la justicia.
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