El episodio de Montenegro comenzó a repercutir en España.
Carlos Alberto Montaner
Aparentemente es un hecho sin consecuencias: la pequeña República de Montenegro, mediante un referéndum, se separó pacíficamente de la federación que mantenía con Serbia. Montenegro, asomada al Mediterráneo, cuenta con algo más de 13 mil kilómetros cuadrados −el tamaño del estado de Connecticut− y apenas unos 620 mil habitantes, la mayoría de origen eslavo, nominalmente cristianos ortodoxos, aunque existe una notable minoría islámica producto de la vieja y disminuida influencia turca.
Hay razones históricas que explican la ruptura, pero uno de los elementos que animó a los montenegrinos a poner tienda aparte fue la moneda: hace unos años renunciaron al dinar yugoslavo −la divisa serbia− para acogerse al euro. Contrario a Serbia, eso le dio solidez económica a Montenegro, controló la inflación y estimuló las inversiones extranjeras.
Colocarse bajo el paraguas de Bruselas le confería estabilidad a la sociedad e incrementaba las posibilidades de desarrollo. Entre un socio conflictivo y pobre, como Serbia, y otro poderoso y organizado como la UE no había duda.
Pero la Unión Europea significaba algo más: legitimidad política y seguridad. Cuando sus autoridades establecieron que bastaba con que un 55 por ciento de los montenegrinos solicitaran la independencia para obtener la bendición de Bruselas, esa simple regla sirvió de estímulo a los separatistas.
Los serbios, a quienes no se les preguntó su opinión, no se atreverían a enfrentarse a la UE, especialmente porque en los 90 ya habían probado los contundentes bombardeos de la OTAN.
Poner, pues, tienda aparte, les resultaba relativamente fácil a los montenegrinos.
El episodio de Montenegro inmediatamente comenzó a repercutir en España. Los independentistas vascos y catalanes lo vieron con gran ilusión: si la Unión Europea admite la ruptura de Serbia-Montenegro mediante un referéndum en el que más del 55 por ciento se decantó a favor de esa opción, ¿por qué le aplicarían una norma diferente a España? Si más del 55 por ciento de catalanes o vascos solicitaran la independencia, lo probable, pues, es que la obtendrían, aunque el resto de los españoles no pudieran opinar sobre la secesión de dos territorios que desde hace siglos forman parte esencial del complejo mosaico nacional.
La gran paradoja es que la Unión Europea, que surgió para fortalecer a las naciones dentro de una gran entidad, ha terminado por debilitarlas en beneficio de las regiones y los grupos étnicos y lingüísticos. Si el euro es una moneda internacional, y existen leyes e instancias judiciales que prevalecen sobre la justicia local, ¿de qué sirve el Estado nacional?
Si el Parlamento Europeo va cobrando competencias, mientras germina y crece el embrión de un gran ejército paneuropeo ¿cuáles atributos reales le quedan al Estado nacional?
Vemos el principio del fin de un larguísimo proceso histórico comenzado en la Edad Media, hace cinco o seis siglos, cuando se constituyeron los estados modernos con los fragmentos del mundo feudal surgidos del hundimiento del Imperio Romano. Las grandes naciones que entonces se forjaron y dominaron durante centurias, comienzan a diluirse en una benévola burocracia, afortunadamente organizada por métodos democráticos que respetan los derechos humanos.
¿Es eso bueno para los europeos y para el mundo? Tal vez en el terreno de la convivencia pacífica, pero no como centro de iniciativas científicas, técnicas y económicas.
El ingente esfuerzo de coordinar los intereses y las peculiaridades de 100 etnias y 40 lenguas, más la tendencia burocrática a tratar de regular y unificar usos y costumbres, seguramente ralentizará los procesos creativos, distanciando paulatinamente a la Unión Europea de otros focos de acción más dinámicos y eficientes, como Estados Unidos, Japón o China.
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