Cualquiera que haya leído lo que escribí respecto de la Ley del Adulto Mayor podría pensar, con sobrada razón, que debo de estar satisfecho con la suspensión provisional que la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó en contra de dicha ley.
Nada más alejado de la realidad, lo cual no significa que ahora piense diferente al respecto. Mi insatisfacción se debe a que creo que se está perdiendo una oportunidad importante para repensar el tema de la reforma estructural al sistema de previsión social.
Digo esto porque creo que sin el tipo de crisis que dicha ley podría causar sobre las finanzas públicas, y los dolores de cabeza que le causaría a este y a los demás gobiernos que vengan después, son la única forma de llamar la atención de los políticos y tecnócratas respecto de la necesidad esta y otras reformas. De ser ratificado este amparo provisional, las cosas volverían a su estado original. En términos económicos, a la negación de la existencia de un problema. Hay que estar ciego y sordo para no darse cuenta de que sin una crisis de por medio es casi imposible que se piense en tal reforma.
Si una ventaja tenía esa ley es que ayudaba a precipitar dicha crisis.
Los intereses creados alrededor del IGSS son muy grandes, y nadie quiere perder lo poco que hoy tiene. Por otro lado, nuestros políticos, quienes muestran grandes habilidades empresariales para descubrir oportunidades donde no las hay, son incapaces de ver ganancias electorales en este tipo de reforma, aunque en otros países sus colegas sí lo hayan hecho. Y, finalmente, lo más importante, nadie quiere pagar los costos que tal reforma implicaría. El fallo hace volver las cosas a su estado original.
Por otro lado, como puede estar uno satisfecho con la forma en que los problemas se resuelven en Guatemala. Si no es la CC entonces es una mesa de diálogo. Así es muy difícil hacer cualquier reforma, buena o mala.
Tal y como se dice en el libro que próximamente estará presentando el CIEN, Economía Informal: Superando las Barreras de un Estado Excluyente, “el miedo a los desmanes de la autoridad generó un Estado con una institucionalidad sumamente fragmentada… los grupos empresariales y las organizaciones sociales pueden acudir a innumerables instancias, terminando con la Corte de Constitucionalidad, los temas no solo se retrasan indefinidamente, sino que se replantean y renegocian infructuosamente de forma constante.
Por eso se habla de pactos sociales, de acuerdos nacionales”. Ahora, para ser fieles a la tradición, solo falta crear la “Mesa Intergeneracional de Diálogo para la Reforma Gradual del Sistema de Pensiones y Fortalecimiento del IGSS”.
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