No les interesa fortalecer la democracia institucional.
Mario Fuentes Destarac
La democracia institucional es hoy por hoy el sistema político que goza de mayor prestigio y aceptación en el mundo entero, fundamentalmente porque es el que más garantiza el autogobierno de los ciudadanos y, asimismo, porque legitima razonablemente a la autoridad y da viabilidad a la consecución de compromisos y acuerdos económicos, sociales y políticos. El Estado, bajo un régimen democrático, se transforma de un amo arbitrario, cruel y abusivo en un servidor subordinado a la ley y cuya finalidad es proteger a la persona humana y la consecución del bien común.
Una democracia moderna, además de respetar los derechos humanos, asegurar un responsable ejercicio del poder político y velar por el imperio de la ley, protege la economía social de mercado e impulsa políticas redistributivas del ingreso nacional.
En Guatemala, si bien se reconoce en la Constitución que nuestro sistema de gobierno es democrático, en realidad seguimos sin contar con una verdadera democracia institucional. Las elites de nuestro país, en vez de apostar al sistema democrático, siguen apostando al personalismo o al caciquismo tradicional. Se tiene la percepción de que no les interesa fortalecer la democracia institucional, sino simplemente que se sigan eligiendo personas para el desempeño de cargos públicos y, con ello, mantener el círculo vicioso del gobierno de individuos con sus correspondientes miras personales. Obviamente, esto último redunda en inestabilidad, discontinuidad y permanente confrontación y competencia ruin entre los diferentes liderazgos políticos.
Tengo la impresión que las elites no han llegado a comprender que el sustrato (lo subyacente) de los procesos políticos y electorales lo constituyen los acuerdos sociales, en los que no solamente se deben definir los fines y objetivos de un proyecto de nación, sino que, además, se formula la estrategia de corto, mediano y largo plazo, así como el proceso de ejecución de la misma.
En principio, todos los proyectos políticos deberían sujetarse a ese marco conceptual de referencia, por supuesto asumiendo y respetando los diferentes enfoques ideológicos y matices y énfasis programáticos, pero manteniendo una ruta crítica de fortalecimiento del Estado de Derecho, de protección a la economía social de mercado y de apoyo a la educación, a la investigación y al desarrollo tecnológico. En ese contexto, todas las organizaciones políticas también deberían contar con la protección y asistencia del Estado, así como con el soporte de los empresarios, de las universidades, de la comunidad internacional y de la sociedad civil en general.
Por el contrario, mientras se siga apostando a fulano, mengano, zutano y perencejo, y no al sistema democrático como tal, seguiremos pagando la factura del rezago y del patético “sálvese quien pueda”.
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