Cada muerte violenta que ocurre en la capital se traduce en un expediente en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida. Las críticas que se escuchan sobre la ineficiencia del Ministerio Público para investigar los asesinatos, con frecuencia también aterrizan en esa unidad. Renato Durán, el hombre a cargo de estos casos, tiene probablemente uno de los trabajos menos envidiados de Guatemala.
Byron Renato Durán Menéndez es la persona que dirige la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, una unidad creada hace año y medio y que puede calificarse de diferentes formas, excepto de sencilla. De las 15 muertes violentas que en promedio ocurren al día en Guatemala, casi la mitad se registra en el departamento de Guatemala y tiene como destino final esta fiscalía.
En otras palabras: siete personas que en este momento están vivas serán asesinadas mañana de forma violenta en la capital y sus nombres se convertirán en nuevos expedientes de la unidad que dirige Durán.
La Fiscalía de Delitos Contra la Vida investiga específicamente las lesiones graves y los homicidios. Antes, estos casos se encontraban mezclados en la Fiscalía Metropolitana. Un verdadero caos. En los archiveros podía hallarse el expediente de una persona brutalmente asesinada al lado del panadero al que le robaron la bicicleta. Cada tres meses ingresaban 400 nuevos casos a las agencias y las investigaciones más complicadas simplemente se quedaban rezagadas.
La fiscalía de Durán, la primera persona que ostenta este cargo, es un edificio de cuatro niveles en la zona 1 junto a la iglesia de Capuchinas, en el que se concentran las 20 agencias que conforman esta sección, cuatro de las cuales investigan los crímenes contra mujeres. Cada agencia dispone de un jefe, cuatro auxiliares, dos oficiales y un vehículo. Cuentan además con dos equipos de especialistas de escenas del crimen y dos médicos forenses por turno.
Durán reconoce que el Fiscal General lo ha dotado de todo lo que necesita para hacer el trabajo. No les falta dinero para viáticos, gasolina ni efectivo en la caja chica, dice. Es de los pocos fiscales a los que no se le escucha hablar de la precariedad de recursos del Ministerio Público (MP).
Así descrita, la oficina de Durán tiene toda la apariencia de ser una unidad que raya en el ideal de fiscalía. Podría ser un modelo a seguir para cualquier unidad del Ministerio Público, de no ser por las estadísticas que reflejan los resultados del trabajo.
De los 3 mil 840 casos que ingresaron a la fiscalía en 2005, el 2 por ciento llegó a acusación ante el juzgado y solo el 1 por ciento obtuvo sentencia. Los resultados se reducen a muy poco, a pesar de la dotación de recursos de la que habla.
– La percepción de resultados con el número de casos que entran al sistema genera discrepancias. La explicación que le puedo dar es que los procesos de investigación no son fáciles, principalmente cuando la gente no quiere colaborar ni participar. A mayor volumen de casos ingresados al sistema, menor es el tiempo que se le puede dedicar a cada uno. Tenemos debilidades estructurales con la Policía, que tiene muy pocos investigadores y pocos recursos. La Dicri (Dirección de Investigaciones Criminológicas) del Ministerio Público también tiene poco personal, hasta ahora se le está equipando y le falta capacitación. Y todo eso redunda en pocos resultados.
Pero ustedes sí están bien dotados, ¿no debería eso también reflejarse?
– Esto es un proceso. Que son pocos los casos que van a acusación, definitivamente. Que hace falta mucho, estamos conscientes de eso. No es que necesitemos más agencias. Podemos llegar a tener 50 y de todas maneras estar saturados de trabajo. Lo que hay que hacer es fortalecer la prevención del delito, que es una función de la Policía.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP) hizo un estudio en 1999 con estadísticas de 1998. En ese año se contabilizaron 2 mil 532 muertes violentas (1,308 menos que los que vio la Fiscalía de Delitos Contra la Vida en 2005) de las cuales se resolvió el 8.8 por ciento. Ahora vemos que los casos resueltos son el 3 por ciento.
– Ese 8 por ciento es un promedio nacional. En la capital tenemos la mayor cantidad de casos, yo diría que más del 60 por ciento. Eso representa ya un problema para el sistema. Todo está centralizado en la capital y aquí es donde todo el mundo se mueve…
Y se muere
– … y se muere.
España tiene el 85 por ciento de efectividad en la resolución de los casos de delitos contra la vida. La comparación quizá no es válida, pero, ¿a qué nivel de eficiencia podemos aspirar nosotros?
– Creo que lo que estamos haciendo es empezar a generar los procesos de cambio para llegar a un incremento en la efectividad de la investigación. Lo primero que se hizo ya se ve: es la creación de la fiscalía. Yo sí puedo asegurar que la cantidad de casos resueltos va en aumento. Se han dado capacitaciones, se dotó de equipo a nivel nacional.
¿Y qué falta para que la resolución de los casos sea visible?
– Fortalecer la investigación de campo y que los investigadores tengan insumos para trabajar. Aún tenemos pocos investigadores, que son los que le dan insumos a las agencias para formular las acusaciones. La segunda fase es tener acceso a la información. Nos afecta mucho que debemos solicitar a las instituciones distintos tipos de informes para investigar a un sospechoso. Le hablo de antecedentes penales y policíacos, desplegados de llamadas telefónicas, de migración, de licencias de conducir, de pasaportes. Actualmente, para que nos den un reporte de esos debemos esperar dos semanas.
– Esperaría que nos integremos completamente con la investigación de campo, que los investigadores puedan responder satisfactoriamente a la cantidad de casos y la diversificación de los tipos de muerte. Con eso, sumado a la Unidad de Análisis y la generación de inteligencia para desarrollar políticas de investigación, vamos a tener bastantes resultados.
SUBIR
0 comentarios: