únicamente les entregaron un juego de tubos de PVC.
IIduvina Hernández
El año pasado, en un encuentro con organizaciones que desarrollan auditoría social, el presidente Óscar Berger afirmó rotundo: “Bienvenida la auditoría social”.
Sus palabras, nacidas probablemente al calor de la emoción por el grupo con el que compartía, representan el sueño de quien aspira a ejercer sus derechos plenamente y a que las autoridades cumplan con sus funciones, en un marco de transparencia y responsabilidad. Esto, sin embargo, no ha sido un recurso permanente para las autoridades. En especial, para aquellas cuyos términos de referencia incluyen la administración de recursos financieros.
Y es que, bien encaminada, la auditoría social puede convertirse en una excelente herramienta de buenas prácticas en las autoridades, las cuales podrían contar con datos e informes que les faciliten evaluar los resultados de su gestión.
Por ejemplo, en el programa de reconstrucción post ‘Stan’, ponerle el ojo al destino de los fondos y a las quejas de las comunidades sobre que la recuperación no avanza. Un caso conocido es el de un proyecto de construcción de sistema de agua potable para algunas localidades en la zona del altiplano occidental.
De acuerdo con el informe global de los proyectos, se ejecutó el plan de dotación de agua potable. No obstante, en la verificación local de los resultados, lo que apareció es otra cosa. Los vecinos de las comunidades involucradas informan que únicamente les entregaron un juego de tubos de PVC.
Empero, un sistema de agua potable requiere de otras cosas más que algunos tubos por familia. Un sistema de agua potable necesita de una unidad para el tratamiento del agua y una red de distribución. Algo que no se construyó ni garantizó con el proyecto, el cual, denominado dotación de agua potable, consistió en la entrega de tubitos.
El reporte de la comunidad, la cual comparó lo reportado a la comunidad donante con lo recibido como beneficiarios finales, ha servido para que las autoridades locales informen a la dependencia central sobre el asunto. Corresponde a las autoridades principales establecer por qué en el informe del fenecido Fondo de Inversión Social (FIS), se afirma que la empresa privada contratada para ejecutar el proyecto, incumpliera los términos de su contrato. Así las cosas, la mejor bienvenida que el gobierno puede dar a la auditoría social, es dándole seguimiento a los reportes que provienen de las comunidades directamente involucradas en los proyectos en cuestión.
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