Cada año, 2 mil niños, niñas y adolescentes son puestos a la venta como objetos de consumo sexual. Lo terrible del caso es que en no pocos de los casos, este comercio sexual se realiza en beneficio de quienes debieran preservar la integridad de esos niños, niñas y adolescentes: sus propios padres, guardianes o tutores.
Para nuestro escarnio, Guatemala se está convirtiendo en un punto que empieza a ser mencionado insistentemente como destino para el turismo sexual. Tan es así, que la serie de televisión La ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales (Law and Order. SVU), desarrolló un programa en el que un grupo de acomodados pederastas neoyorkinos, “importaban” a Estados Unidos a un grupo de preadolescentes, varios de ellos guatemaltecos, con pleno consentimiento de sus padres. Esta serie, si bien su finalidad no es primordialmente altruista, se caracteriza por utilizar hechos reales para desarrollar sus narrativas.
El reporte que cito al inicio de esta columna consigna datos recopilados por la doctora Ofelia Calceta en 2000. Según ella, de ese grupo de niñas y adolescentes, 1,200 son de origen salvadoreño, 500 son hondureñas y 300 son guatemaltecas. Cifras más recientes reunidas por Casa Alianza (2002) hacen ver que en Centroamérica y México 50 mil niños y niñas son víctimas de explotación sexual en esta región.
Guatemala es innegablemente un paraíso para la paidofilia. Un reciente artículo preparado por la Asociación para el avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (Avancso) para el programa Buenos Días de Radio Universidad hacía ver que esta situación tan alarmante para la niñez y adolescencia guatemaltecas se debe “a la falta de políticas públicas contra la trata de menores, los vacíos legales e inaplicabilidad de la legislación existente, y en general el débil papel del Estado en el tema”. De acuerdo con Avancso, todos estos factores “contribuyen a la impunidad de los traficantes, explotadores e intermediarios y dejan a las víctimas sin sistemas de protección y sin los servicios necesarios para su rehabilitación e integración a la sociedad”.
Hay una esperanza, por supuesto y esta puede venir si el Congreso acelera la aprobación de las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y Código Civil que actualmente se encuentran pendientes de ser discutidas en tercera lectura.
Estos instrumentos, que hacen más duras las penas contra quienes se implican, ya sea como promotores, facilitadores y consumidores del comercio sexual de niños, niñas y adolescentes, probablemente desalentarán esta práctica tan degradante. Es muy probable que la simple reforma de las leyes no cambie la actitud de los agentes de Estado, pero sí proporciona los recursos para que entidades preocupadas por el bienestar de niños, niñas y adolescentes puedan tener mayor sustento legal para combatir la paidofilia.
Ojalá los diputados se apresuren a aprobar estas reformas. El país lo necesita para no malograr su futuro.
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