El domingo pasado se instaló una Asamblea Constituyente en Bolivia, cuyo objetivo es decretar y promulgar una nueva Constitución, que, a juicio del presidente de dicho país, Evo Morales, deberá asegurar la refundación del Estado de Bolivia.
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El domingo pasado se instaló una Asamblea Constituyente en Bolivia, cuyo objetivo es decretar y promulgar una nueva Constitución, que, a juicio del presidente de dicho país, Evo Morales, deberá asegurar la refundación del Estado de Bolivia.
Dicha Asamblea está integrada por 255 representantes elegidos mediante voto directo y pertenecientes a 16 partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Por cierto, cabe señalar que en Bolivia no solamente los partidos postulan candidatos a cargos de elección popular, sino que también las agrupaciones ciudadanas tienen capacidad de postulación.
Entre los asambleístas existe un importante número de mujeres e indígenas, tanto es así que la Asamblea Constituyente será presidida por Silvia Lazarte, una mujer indígena de origen quechua. Es importante destacar que 137 constituyentes pertenecen al partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), por lo que este tendrá una gran influencia en las discusiones y en las resoluciones que se adopten.
Los constituyentes deberán abordar cuestiones fundamentales e históricamente no resueltas como la tierra, el territorio, las autonomías departamentales y el modelo económico.
Durante el acto de instalación de la Asamblea, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó que la Asamblea Constituyente estaba investida de plenos poderes, aunque la misma Asamblea todavía no ha definido el alcance de su mandato y su misión.
En todo caso, la sociedad boliviana ha cifrado enormes esperanzas en este proceso, ya que de él depende que se supere la profunda crisis económica, política y social en que se encuentra sumida Bolivia. La población ya no resiste la continua e interminable turbulencia social, que redunda en inestabilidad e ingobernabilidad. Por ende, todos esperan que esta oportunidad de suscribir un nuevo pacto cívico-político se convierta en la luz al final del túnel.
Casualmente, en Guatemala también ha comenzado a replantearse la posibilidad de una reforma constitucional, con el propósito de renovar el pacto cívico-político que ha estado en vigencia desde 1986 y, asimismo, fortalecer las instituciones democráticas. Hay quienes piensan que la reforma constitucional del 94 fue insuficiente, por lo que conviene iniciar un nuevo proceso de revisión constitucional. Habría que analizar los pros y los contras de un proceso de esta naturaleza, aunque lo que sí es cierto es que el actual modelo de Estado está en crisis.
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