Cualquier persona capaz de abusar sexualmente a un niño o niña debería pudrirse en la cárcel. Si el abuso es recurrente, el hombre (que en la mayoría de casos es el verdugo), debería de sufrir, además, la amputación de su miembro viril. Esa sería una buena manera, efectiva y poderosa de parar con ese degenere.
Lamentablemente, las leyes en Guatemala no defienden a los niños y niñas de este tipo de personas, ni los policías, ni los jueces, ni los maestros, ni los vecinos, ni los padres. Si no me creen recordemos el caso Sanabria y cómo hasta la prensa se apresuró a pintar a la niña violada como una “sometida” y al futbolista como víctima de chismes infundados.
Hace algunos años, en una aldea de Petén, un maestro abuso sexualmente de una alumna. La niña tuvo el valor de denunciarlo, entonces, el pueblo entero se volcó contra ella y tuvo que irse a vivir a otro lado porque le hicieron la vida imposible. Esta historia de ha repetido más de una vez.
Cincuenta mil menores de edad son víctimas de la explotación sexual comercial en Guatemala y todos nosotros somos testigos y cómplices. ¿Quién ha pasado por Chimaltenango y no ha visto a las niñas adolescentes vendiéndose a plena luz del día?
Nuestro país es un paraíso para proxenetas, explotadores y traficantes de niños con fines sexuales. Incluso, las violaciones se dan de personas de la misma familia: hermanos, padrastros, tíos, que abusan de los más indefensos. Los delitos que se cometen contra muchos menores de edad ni siquiera están tipificados por la ley. Urge que el Congreso actualice sus leyes en esta materia y que se aprueben las reformas al Código Penal que las organizaciones de derechos humanos han presentado.
Mientras no se realicen estos cambios en las leyes, seguiremos viviendo en un país de cabrones.
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