Los abogados y la adopción

A raíz del artículo que escribí sobre la compra y venta de niños, recibí la visita de la licenciada Susana Luarca Caracho, quien llegó acompañada de dos abogados que, junto a ella, se dedican a la noble tramitación de adopciones; no pongo el “negocio” porque según ellos gastan grandes cantidades en médicos y medicinas, casas cunas u hogares temporales, y hasta generan empleo a personas de la tercera edad para el cuidado constante de los niños que encontrarán el calor del hogar y las caricias de los padres adoptivos. Explicaron, con grandes expedientes, el calvario que recorren en la tramitación y hasta la impertinencia de las trabajadoras sociales que mal aconsejan a las madres cuando ya habían decidido deshacerse de sus hijos.

No faltaron las pestes contra los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN) por lo engorroso que hacían los trámites en la tardanza para dar una opinión favorable a las adopciones. Parece que quisieran que simplemente reciban el expediente y le den curso sin ningún tipo de investigación, pues en los seis primeros meses de este año suman más de cuatro mil niños o niñas que esperan surcar los aires hacia Estados Unidos. No faltó el rechazo total al Convenio de la Haya, firmado y ratificado por Guatemala y, por supuesto, su rechazo a la nueva legislación sobre adopciones que sigue durmiendo el sueño eterno en el Congreso –posiblemente por presiones de abogados que se dedican a la exportación de la niñez guatemalteca–, pues según lo manifestaron, 3 mil familias extranjeras que adoptan niños dejan millones de dólares que vienen a gastar a Guatemala, mientras esperan los trámites en los lujosos hoteles que sirven de plaza de intercambio.

Quiero hacer público que no me convencieron los argumentos de la licenciada Luarca Caracho ni de los abogados que le acompañaron. Puedo aceptar que ellos digan que no hacen nada ilícito en la adopción y que muchos niños necesitan de la misma; pero de ello a que no haya abogados inescrupulosos, que los robos de niños nada tienen que ver con el tráfico ilegal, y que no se justifica una ley que restrinja el negocio en que se ha convertido la adopción, hay sus diferencias, pues quienes actúan dentro de la legalidad, nada tienen qué temer ni por qué enojarse cuando uno exige que los diputados cumplan con su función y dejen de aceptar presiones para que engaveten leyes importantes que, como la Ley de Adopciones y las reformas al Código Penal sobre explotación sexual, siguen esperando la buena voluntad de los congresistas.

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