Los indígenas y el Estado

Cuantitativamente la mayoría de la población en Guatemala, es decir, los indígenas, son minoría en cuanto a su nivel de decisión en los asuntos públicos.

Si hacemos hoy día una radiografía de cómo están conformadas las distintas esferas del Estado guatemalteco, nos podremos dar cuenta, por ejemplo, que en el Organismo Legislativo –conocido en teoría como el ente más representativo del pueblo– son apenas diez los diputados indígenas de un total de 158 escaños. Lo mismo sucede en la Corte Suprema de Justicia, en la que solo hay uno entre 13. En la Corte de Constitucionalidad la situación es más alarmante, la Carta Magna se interpreta solo desde la visión ladina. La educación superior estatal en su máxima autoridad, como lo es el Consejo Superior Universitario de la Usac, es conducida mayoritariamente por ladinos. Entidades como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la misma Procuraduría de los Derechos Humanos a la fecha no saben lo que es ser dirigido por indígenas.

¡Y qué decir del Organismo Ejecutivo, responsable de ejecutar las políticas públicas! Los partidos políticos últimamente han tenido una costumbre común: de los 13 ministerios existentes reservan uno para un indígena y coincidentemente ha sido el Ministerio de Cultura y Deportes. ¿Será que los indígenas solo están preparados para dirigir dicha cartera?

Los pueblos indígenas deben buscar alianzas estratégicas con gremios, sectores u otros movimientos con capacidad de movilización para la construcción de una agenda mínima común que permita ver más allá de intereses legítimos, pero muy reducidos. Para ello se requiere de elementos indispensables tales como organización, información, formación, movilización, solidaridad, visión a largo plazo, etcétera. De no ser así se corre el riesgo de que figuras indígenas sean cooptadas.

En cuanto a la participación partidista del movimiento maya, considero que debe fundamentarse a partir de aspiraciones colectivas, de principios comunes con una definición ideológica clara sin ambigüedades, lo cual no riñe necesariamente con la capacidad de buscar pactos o alianzas políticas con partidos políticos y/o organizaciones sociales.

No se trata de dar vuelta a la tortilla de la discriminación. Se trata de que el accionar del Estado tenga la visión de los indígenas dentro sus principales puestos de decisión y no solamente en cuadros medios o bajos. Como tampoco basta limitarla a los consejos asesores, pues muchas veces ni son escuchados.

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