La Fiscalía de Delitos Contra el Registro de la Propiedad, dentro del proceso de investigación de la documentación presentada por Waldemar Lorenzana, sindicado junto a otras personas de usurpación de 10 fincas del Estado, ya escuchó a 3 de las 14 personas que le vendieron un total 117 caballerías.
Los bienes se encuentran en la Laguna del Tigre, del municipio de San Andrés, Petén. Los ex propietarios ratificaron ante la Fiscalía, la declaración del finquero, referente a la cancelación de Q20 mil a cada uno de ellos por esas propiedades. En total fueron Q280 mil los que canceló Lorenzana por esos bienes.
Según la versión de Lorenzana, ofrecida en julio pasado ante esa Fiscalía, esas propiedades fueron inscritas por el abogado Manuel Cordón y Cordón, ya fallecido. Bienes que habría vendido después a dos de sus hijos.
“Investigamos para verificar el uso que se le dio a las tierras y quiénes podrían estar involucrados, pues lo que se tiene entendido es que estas fincas fueron adquiridas de forma anómala”, explicó Juan Luis Florido, fiscal general.
La Fiscalía espera interrogar a los demás miembros de la comunidad que cedieron sus tierras a esta persona y quien también es vinculado a actividades de narcotráfico. Asimismo se espera escuchar al resto de personas involucradas en la usurpación de bienes del Estado, y a siete abogados que habían participado en la inscripción de estas propiedades.
En este caso la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha logrado por medio de un amparo provisional la inmovilización ante el Registro de la Propiedad, de la inscripción de las diez fincas. El proceso se encuentra en recepción de pruebas previo a emitir una decisión definitiva, según lo indica el juez Fernando Montalvo.
El procurador general, Mario Gordillo, señala que los documentos que tiene Lorenzana solo demuestran que él tiene derechos de posesión adquiridos (pues no existen datos registrales de esos bienes ni aparecen las escrituras). “A nosotros lo que nos quitaron fue el derecho de propiedad, por lo tanto esos manuscritos son falsos. No coinciden con los verdaderos”, indicó Gordillo.
El funcionario refiere que ha accionado en el área judicial y ha sido a través de los amparos donde se ha demostrado con documentos que las fincas que aparecían a favor de unas personas fueron despojadas al Estado, con información falsa.
La PGN espera que el Ministerio Público logre determinar quién o quiénes participaron en la falsificación de esa información, para tomar acciones penales en este caso.
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