El gobierno debió dar a conocer en qué consistían los Acuerdos de Paz Firme y Duradera.
Jorge Palmieri
Ayer consideré imprescindible informar sobre el largo proceso que se desarrolló para llegar finalmente al Acuerdo de Paz Firme y Duradera que se firmó en el Palacio Nacional ante la presencia del egipcio Boutros-Boutros Ghalli, entonces secretario general de la (ONU) y otras distinguidas personalidades. Creí necesario recordar que para llegar a ese Acuerdo contribuyeron anteriormente el ex presidente Vinicio Cerezo Arévalo, en la reunión de Esquipulas II, y después la Comisión Nacional de Reconciliación, a cuyos integrantes debemos reconocer sus esfuerzos y dedicación. Sin embargo, tuvo que llegar al poder un presidente que comprendiera que sería difícil firmar la paz si antes se tenía que consultar al pueblo y asumió la responsabilidad de hacerlo sin haberlo consultado.
Pero también es indispensable dar a conocer los conceptos que se invocaron para suscribir este Acuerdo de Paz en presencia de distinguidas personalidades en representación de organismos internacionales y de gobiernos amigos, pero a espaldas del pueblo de Guatemala que jamás fue consultado. Y el desarrollo de los acontecimientos ha venido demostrando que, como algunos temimos, caímos en una trampa que tendió la izquierda que cuando se convenció de que había perdido la guerra, optó por tratar de llegar al poder por los medios políticos, sobre todo cuando la nueva Constitución no incluía el absurdo Artículo 27 de la Constitución anterior, que prohibía “la formación o funcionamiento de partidos o entidades que propugnen la ideología comunista o que por tendencia doctrinaria, medios de acción o vinculaciones internacionales, atenten contra la soberanía del Estado o los fundamentos de la organización democrática de Guatemala”
“1. Los Acuerdos de Paz expresan consensos de carácter nacional. Han sido avalados por los diferentes sectores representados en la Asamblea de la Sociedad Civil y fuera de ella. Su cumplimiento progresivo debe satisfacer las legítimas aspiraciones de los guatemaltecos y, a la vez, unir los esfuerzos de todos en aras de esos objetivos comunes.
2. El Gobierno de la República reafirma su adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos respetar.
3. La población desarraigada por el enfrentamiento armado tiene derecho a residir y vivir libremente en el territorio guatemalteco. El Gobierno de la República se compromete a asegurar su retorno y reasentamiento, en condiciones de dignidad y seguridad.
4. Es un derecho del pueblo de Guatemala conocer plenamente la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia ocurridos en el marco del enfrentamiento armado interno. Esclarecer con toda objetividad e imparcialidad lo sucedido, contribuirá a que se fortalezca el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país”. (Continuará).
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