De conformidad con nuestra Constitución, los ministerios son los encargados del despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo. No obstante, no solamente los ministerios son los encargados del despacho de los negocios del Ejecutivo. Para el efecto, se han habilitado varias secretarías de la Presidencia...
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De conformidad con nuestra Constitución, los ministerios son los encargados del despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo. No obstante, no solamente los ministerios son los encargados del despacho de los negocios del Ejecutivo. Para el efecto, se han habilitado varias secretarías de la Presidencia, así como los fondos sociales, los fideicomisos, los Cocodes y demás. Por ejemplo, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que no deja de ser una fuente de irregularidades y anomalías, es prácticamente un Ministerio, pero sin asumir responsabilidades como la interpelación y a la rendición de cuentas.
Si el gobierno desea diversificar la ejecución presupuestaria lo que procedería es que solicitara al Congreso que se crearan nuevos ministerios y no continuar sacándose de la manga una cantidad de entes y programas que solo generan uso discrecional de fondos, clientelismo político y corrupción. El que cuenten con partidas presupuestarias no significa que se ajusten a la legalidad. El Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado no es fuente de Derecho.
La Comisión de Reforma y Modernización del Estado ha propuesto recientemente que el Ministerio de Gobernación se divida en dos ministerios, el del Interior y el de Seguridad.
El Ministerio de Seguridad estaría a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC), el Sistema Penitenciario, la Dirección General de Migración y la Dirección General de Inteligencia Civil. En tanto que el Ministerio del Interior tendría bajo su competencia el Diario de Centro América, la Tipografía Nacional, la Escribanía de Cámara y el Registro Nacional de Personas.
Hay quienes creen que el sistema penitenciario, actualmente bajo la administración del Ministerio de Gobernación, y la reclusión de menores, hoy por hoy a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, deberían trasladarse a un Ministerio de Justicia, que coordine sus actividades con las otras instituciones del sector justicia (Organismo Judicial, Ministerio Público e Instituto de la Defensa Pública Penal). Nuestra Constitución manda que el objetivo del sistema penitenciario debe ser la readaptación social y la reeducación de los reclusos, y el de la reclusión de menores es orientarlos hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud.
Y dado que la PNC solamente se ocupa de la seguridad pública, también se plantea el desarrollo de una política pública de seguridad ciudadana, así como de una política criminal de prevención del delito, que hoy no tienen cabida en el Ministerio de Gobernación.
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