La suspensión de las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) fue confirmada el lunes 24 de julio en Ginebra. La discusión de la “última oportunidad” para salvar las negociaciones se inició el domingo 23 de julio. Participaron en ella la Unión Europea, Brasil, EE.UU., Australia, India y Japón (G6). Un día después, el Secretario General de la OMC anunció oficialmente la suspensión de las negociaciones y recomendó que todos los grupos de negociación suspendieran su trabajo e hicieran un reporte de cómo están las negociaciones hasta el momento.
La que originalmente se presentó como una “ronda del desarrollo”, fue completamente desvirtuada y se limitó al esfuerzo de los países en desarrollo por asegurarse el acceso a mercados, aceptándose prácticas desleales y subsidios que van contra los países más pobres, los cuales además se ven forzados a abrir sus mercados a los productos industriales de los países desarrollados. El fracaso de la Ronda de Doha debe servir para desmitificar algunas características de la OMC. Una de ellas es la propia idea de la OMC como institución que promueve el “libre comercio”. En verdad, el principal papel de la OMC es establecer mecanismos de control del mercado mundial, a través de la imposición de reglas restrictivas a las políticas nacionales de desarrollo, sean agrícolas o industriales. Bajo el lema del “libre comercio”, la OMC busca interferir en cuestiones mucho más amplias que las negociaciones comerciales. Sus acuerdos incluyen la imposición de leyes de patente o de propiedad intelectual que dificultan el acceso a los medicamentos de las poblaciones más empobrecidas, y favorecen el control de semillas y biotecnología por las grandes empresas. Los acuerdos de “servicios” defendidos en la OMC buscan privatizar derechos básicos como la salud, educación y previsión social, además de promover el monopolio privado de sectores estratégicos como transporte, correos, agua, energía y telecomunicaciones.
Para Guatemala el logro de acuerdos en las negociaciones tenía cierto significado importante: uno de los argumentos para no abordar el tema de los subsidios agrícolas de los EE.UU. durante la negociación del DR-CAFTA fue precisamente que este asunto sería abordado en el marco de la OMC. El planteamiento era que ante un TLC pésimamente negociado, acuerdos adecuados en ese organismo podrían contribuir a revertir de alguna manera los efectos negativos para los pequeños productores agrícolas. Al final nada de esto ha sucedido. ¿Cuáles serán los próximos pasos del gobierno ante esta situación?
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