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Guatemala, viernes 18 de agosto de 2006

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Opinión:

La trampa (5)

Quienes redactaron este Acuerdo de Paz han de haber creído que eran legisladores.

Jorge Palmieri

Fuente menor Fuente normal Fuente grande
Como si no hubiese en Guatemala una Constitución Política de la República que contiene las disposiciones que organiza al Estado y deben regir en un Estado de derecho, quienes redactaron este Acuerdo de Paz “firme y duradero” han de haber creído que tenían poder legal para establecer lo que ya estaba claramente especificado en la Carta Magna. Por ejemplo, el siguiente punto dice:

“7. Es fundamental para lograr la justicia social y el crecimiento económico, la participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores de la sociedad. Corresponde al Estado ampliar estas posibilidades de participación y fortalecerse como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y proveedor de servicios básicos, como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos. Para ello el Estado requiere elevar la recaudación tributaria y priorizar el gasto público hacia la inversión social”.

¿Por qué establecer esto en un acuerdo de paz? ¿Qué tiene qué ver? ¡Por sabido se calla! Pero hay que recordar que los comerciantes informales en los mercados de los pueblos y cantonales en la capital, así como quienes venden a domicilio, no pagan el Impuesto de Valor Agregado (IVA), pero lo cobran a sus clientes en los precios que incluyen ese valor. Porque no se debe creer que sus precios son mucho más bajos que en los supermercados y que el consumidor encomiza el IVA. O sea que en ese sentido estos comerciantes no solo no contribuyen al crecimiento económico del país, sino se quedan con ese impuesto. Debe legislarse para cambiar esa situación porque todos por parejo debemos pagar los impuestos, en especial quienes son recaudadores de los mismos o intermediarios entre los consumidores y el Estado.
“8. En la búsqueda del crecimiento, la política económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión socioeconómica, como el desempleo y el empobrecimiento, y a optimar los beneficios del crecimiento económico para todos los guatemaltecos. La elevación del nivel de vida, la salud, la educación, la seguridad social y la capacitación de los habitantes, constituyen las premisas para acceder al desarrollo sostenible de Guatemala”. Sin comentarios.

“9. El Estado y los sectores organizados de la sociedad deben aunar esfuerzos para la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural, que son fundamentales para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural, y que es la más afectada por la pobreza, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales.”

Este es un punto sumamente conflictivo y peligroso porque abre la puerta a que se invoque como “justo derecho” la propiedad ancestral y se pretenda exigir que se devuelvan las tierras que hace más de 500 años fueron de los antepasados de los indígenas que hoy las trabajan y se trate de expropiar o despojar de ellas a quienes las hayan adquirido legalmente. (Continuará).
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