Opinión:
Todas las instituciones del Estado deberían de informar sobre los contratos que han celebrado bajo el renglón 029, “otros servicios”, puesto que es ilegal la contratación de “asesores” y “consultores” que permanezcan ajenos a la Procuraduría General de la Nación, la única institución asesora y consultora de los órganos del Estado de conformidad con la ley.
Es tal la categoría del mandato constitucional que corresponde a esta institución que carece de valor alguno todo dictamen que se produzca en el sector público sin el visto bueno del Procurador General. La contratación de asesores y consultores, además de ilegal, es un despilfarro, puesto que la Procuraduría está pagada con nuestros impuestos y no cobra por prestar tales servicios. Otro de los vicios –igualmente grave– es que no se contrata solamente a “asesores” y “consultores” bajo este reglon sino a personas que realizan funciones en relación de dependencia –pilotos, personal de mantenimiento, secretarias– subterfugio con el que se oculta la relación laboral. El Estado se abstiene entonces de pagar aguinaldo, bono 14, indemnización y –obviamente– de cotizar al IGSS, lo que lo asemeja, increible pero cierto, al más irresponsable de los patronos. Por otra parte, la secretividad poco menos que absoluta conque se maneja el tema de los contratos 029, el celo de la terminante reserva que los cubre, pone en entredicho a personas que no se lo merecen. Hace unos días compartí con el ingeniero Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, que en el Ministerio de Educación Pública estaría prestando sus servicios –bajo este renglón– Eugenia Saravia de Mata y que sería bueno corroborar la información. El pasado domingo me hizo saber Jose Rubén que la señora De Mata no presta sus servicios a ninguna institución bajo el renglón 029 o bajo cualquiera que pudiese implicar remuneración alguna y que el apoyo que le brinda al ministerio, se lo presta “ad honórem”. No puede esto sino hacerme insistir sobre el tema: se hace imperativo que las instituciones públicas revelen el nombre de las personas que les prestan servicios por el renglón 029, con indicación del servicio que prestan y del monto que devengan. El Ministerio de Educación Pública debe de ser el primero en hacerlo y, con su ejemplo, educar a los otros. La publicación de los listados evitaría, por otra parte, que las personas que presten sus servicios ad honórem –sin remuneración alguna- tal el caso de la señora de Mata, queden expuestas al entredicho o la suspicacia, entremezcladas como lo están con aquellas que si reciben emolumentos sospechosos. Agregar comentario: |
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