“¿Por qué los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos vamos a mantener a una partida de bestias? Porque esos ya no son seres humanos y no van a cambiar jamás en la vida. Yo me río cuando dicen que van a tratar de que esas personas se readapten a la sociedad”. Son palabras textuales de Luis Pedro Quesada Córdova, embajador de Guatemala en Perú, en declaraciones proporcionadas el pasado domingo 13 de agosto al periódico Correo de ese país. La entrevista, destacada en primera plana, versa sobre la pena de muerte que actualmente se discute en aquel país, pues el nuevo presidente Alan García ha manifestado sus intenciones de restablecerla y extenderla, mientras que aquí diversas organizaciones y profesionales plantean su abolición.
En apoyo a la política de Alan García, el embajador Quesada sostiene que la pena de muerte fue eficaz en el país en tiempos de Ríos Montt y hace referencia a los tenebrosos Tribunales de Fuero Especial que la aplicaron a una supuesta banda de violadores de mujeres, tergiversando la historia trágica del país que registra los juicios sumarios por cuestiones eminentemente políticas, pero para él no fue así, afirmando: “Le puedo mencionar con mucha certeza que los juicios por violación con procesos muy puntuales fueron en 1982. En ese entonces fueron varios los que pasaron por la pena capital... Como el régimen en esa época era militar, de facto, se dio el tribunal de fuero especial y se pudo ejecutar a estas gentes en un proceso muy rápido. Y se acabó, se terminó con esos grupos. Eso como una respuesta a quienes siempre se preguntan en qué ha favorecido la pena capital”. Se jacta de que, en relación a nuestras responsabilidades y compromisos internacionales –el Pacto de San José– “a pesar de que Guatemala es el único país que queda en América Latina con la aplicación de la pena de muerte, no nos ha afectado en lo más mínimo”.
No desconocemos el contexto en que el periodista Juan Luis Torres, hace la entrevista, pero nos llama la atención que un funcionario, representante del gobierno actual, haga semejantes afirmaciones en un tema tan delicado que ha estado en el debate nacional y que, incluso, desde hace tiempo se discute sobre que la decisión de indulto no quede en manos del Presidente, y cuando una parte considerable de la sociedad que genera opinión, como lo son las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social, se opone a que Guatemala siga aplicando la pena de muerte porque convierte en criminales a quienes la aplican.
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