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Guatemala, viernes 25 de agosto de 2006

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Opinión:

¡Mayor equidad en las jubilaciones que otorga el IGSS!

Se sugiere poner un tope a los beneficiarios altos.

Carlos Gehlert Mata

Fuente menor Fuente normal Fuente grande
En la prensa del pasado 8 de agosto aparece la grata y reconfortante noticia (entre tanto desaguisado que leemos a diario) sobre la buena disposición de las altas autoridades del Seguro Social de aumentar, a corto plazo –en un monto aún no determinado claramente– las paupérrimas jubilaciones y pensiones que por ley y por principios elementales de justicia tienen derecho los afiliados al régimen.

No está de más recordar que dichas retribuciones constituyen un derecho irrenunciable y no una gratuita dádiva de la institución o del gobierno. Para ninguno es un secreto –menos para los estudiosos de la materia y los socioeconomistas, o preocupados de la realidad social guatemalteca– que el IGSS otorga a un porcentaje mayor del 65 por ciento de los que tienen derecho, jubilaciones o pensiones vergonzosamente bajas y totalmente alejadas de la realidad socio-económica por la que atraviesa el país, y el coste continuamente creciente de la “canasta básica familiar” o mínimo vital para aspirar a una vida decorosa (y “decente”, como señala la OIT). A lo que habría que agregar la particular condición de pertenecer a la tercera o cuarta edad con la vulnerabilidad adicional del desempleo y precariedad en su salud física y mental. Resulta una ofensa (bochorno... y picardía), saber que existe una minoría de privilegiados y “cuelludos”, que, basándose en toda una serie de artimañas, han ignorado que la institución les apruebe jubilaciones superiores a los Q10 mil mensuales... y ex funcionarios y actuales funcionarios, que para legislar para los “viejos pobres” o “pobres viejos”, se recetan hasta Q50 mil mensuales (no trataremos en este artículo los desfalcos millonarios y la corrupción económica y “social” que se ha dado en el pasado, y que en varios casos se sigue dando en el presente).

Se sugiere que para lograr una mayor equidad y justicia social encaminada al bien común, el aumento a las jubilaciones y pensiones no se haga a todos por igual, sino inversamente proporcional a los beneficios actuales. Un porcentaje mayor a los que reciben menos, y menos a los que ya están recibiendo más. Se sugiere también poner un tope (o techo) a los beneficiarios altos.

Se sugiere a los actuarios estudiar la posibilidad de que el aumento sea del 100 por ciento a los que reciben hasta Q2 mil mensuales; del 75 por ciento a los que reciben actualmente entre Q2 mil uno y Q4 mil; del 50 por ciento a los que reciben de Q4 mil uno a Q5 mil, y cero (0) por ciento a los que reciben Q5 mil o más.
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