Es imperativo que el magisterio recobren su dignidad apoyando sus valientes alumnos.
Mario Roberto Morales
Una de las medidas imprescindibles para alcanzar el objetivo neoliberal de este gobierno, consistente en privatizar la educación pública, empezando por la formación de docentes, es abolir las Escuelas Normales (EN). Para el efecto, las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) emitieron un decreto que, bajo el pretexto de mejorar el sistema educativo, contemplaba la desaparición paulatina de las EN mediante engorrosas y contradictorias disposiciones administrativas. Este decreto, impuesto arbitrariamente, provocó una amplia protesta magisterial y estudiantil, al extremo de que los jerarcas del Mineduc se vieron obligados a poner en escena un simulacro de flexibilidad, diálogo y consulta, sustituyendo este decreto por otro, cuyo contenido es igual al del anterior, aunque su retórica aparenta ceder ante la generalizada protesta del gremio educativo.
Basta leer tanto el viejo como el nuevo decreto para darse cuenta de que ambos sientan las bases para la paulatina desaparición de las EN, por medio de subterfugios burocráticos que, disfrazados de mejoras pedagógicas, entorpecerían su funcionamiento, de modo que la formación de docentes se iría trasladando poco a poco a los planteles privados para cuyos dueños trabaja el equipo técnico que desde el think tank neoliberal llamado Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), diseñó la actual política educativa privatizadora y tecnocrática que rige las reformas curriculares y administrativas del Mineduc.
El simulacro de flexibilidad, diálogo y consulta a que aludimos fue perpetrado por el Mineduc publicando –sin que mediara mecanismo de consulta alguno– el decreto actual sustituyendo al anterior. La prensa avaló el simulacro interpretándolo como una muestra de buena voluntad por parte de la autoritaria administradora de empresas que funge como Ministra de Educación, de sobra conocida por la proverbial intransigencia típica de los cuadros del fundamentalismo neoliberal, y el Congreso de la República suspendió de pronto la interpelación por ineptitud que habría de someterla por segunda vez.
Que los dueños de medios de comunicación y los diputados avalen un simulacro tal no le extraña a nadie. Lo que resultó un tanto sorpresivo fue el repentino apoyo que la dirigencia magisterial y normalista le otorgó a la grotesca puesta en escena, porque hizo evidente que para que la mencionada teatralidad “democrática” surtiera efecto público, algunos dirigentes magisteriales y normalistas tuvieron que ser comprados –como se compra a los diputados– por las autoridades ministeriales. De otro modo, no se explica su contradictoria actuación. Ante semejante estafa política, la consecuente actitud del estudiantado normalista de rechazar el nuevo decreto y exigir su inmediata derogación llamando al diálogo verdadero y a la creación de efectivos mecanismos de consulta para decidir el futuro de las EN y de los contenidos de la reforma educativa en marcha, ha sido calificado por el oficialismo y por la prensa como una necia actitud de oposición reaccionaria e irresponsable al “mejoramiento educativo”, y hasta de vocación anarquista y salvaje. Es obvio, en cambio, si uno lee los decretos en cuestión, que la actitud de los estudiantes emblematiza la consecuencia, la coherencia y la lealtad a los principios democráticos de una educación crítica que responda a los intereses multiclasistas e interculturales de nuestro país, en contra de una mera instrucción tecnocrática tendente solo a preparar obedientes empleados para que las empresas oligárquicas satisfagan las exigencias del TLC con EE.UU.
Es imperativo que el magisterio y la comunidad normalista en pleno recobren su dignidad apoyando la ejemplar lucha de sus valientes alumnos, exigiendo la derogatoria del decreto del simulacro y también que la reforma educativa brote de un amplio mecanismo de consulta profesional y no solo de los intereses mercantilistas que comparten desangelados e ignorantes tecnócratas neoliberales.
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