A principios de esta semana, Acción Ciudadana informó que de las 31 recomendaciones que, en septiembre de 2005, presentó el Comité de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que Guatemala se ajustara a los estándares de la Convención Interamericana contra la Corrupción, nuestro país solamente ha cumplido tres.
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A principios de esta semana, Acción Ciudadana informó que de las 31 recomendaciones que, en septiembre de 2005, presentó el Comité de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que Guatemala se ajustara a los estándares de la Convención Interamericana contra la Corrupción, nuestro país solamente ha cumplido tres. Estas son la implementación del sistema Guatecompras, la promulgación de las Normas de Ética del Organismo Ejecutivo y la abolición del delito de desacato. El sistema Guatecompras se introdujo a principios del actual gobierno y tiene por objeto dar a conocer las adquisiciones y contrataciones del Estado, a través de su publicación en una página de internet. Asimismo, las Normas de Ética Pública del Organismo Ejecutivo fueron emitidas mediante el Acuerdo Gubernativo número 197-2004 de fecha 13 de julio de 2004.
El delito de desacato fue declarado inconstitucional y sin vigencia por la Corte de Constitucionalidad mediante sentencia de fecha 1 de febrero de 2006, a petición del Presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. En cuanto a los incumplimientos, cabe destacar que el Congreso no ha aprobado una nueva Ley de Servicio Civil, no ha restablecido el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, que, por cierto, fue suprimido durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), no ha dictado normas que prevengan los conflictos de interés ni ha emitido la Ley de Acceso a la Información Pública.
El Organismo Ejecutivo no ha difundido las herramientas electrónicas destinadas a mejorar el control y acceso a la información financiera y contable. En materia de acceso a la información pública, si bien se emitió el Acuerdo Gubernativo número 645-2005, que asegura el acceso a documentos, registros e informaciones del Organismo Ejecutivo, sus disposiciones carecen de certeza jurídica. Por su parte, la Contraloría General de Cuentas no ha cumplido con promover mecanismos de información que faciliten la auditoría social. En tanto que el Organismo Judicial y el Ministerio Público no han diseñado un programa de difusión y capacitación para funcionarios, a fin de que conozcan y apliquen las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción.
Como podrá advertirse, la Convención Interamericana contra la Corrupción sigue sin acatarse ni cumplirse en nuestro país. En todo caso, se lamenta que, a pesar de que la transparencia y el combate contra la corrupción fue un “caballito de batalla” de la plataforma electoral del presidente Óscar Berger en 2003, los avances hayan sido extremadamente limitados.
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