De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y eso pasa a Berger.
Sylvia Gereda Valenzuela
¿Es la transparencia una utopía para Guatemala? Esta es la pregunta que me hago una y otra vez y me cuesta encontrar respuesta afirmativa. En estos momentos el mundo tiene sus ojos puestos en Guatemala, la XII Conferencia Internacional Anticorrupción que realiza Transparencia Internacional (TI) se está celebrando esta semana y más de mil expertos compartirán experiencias y tratarán de encontrar soluciones para poner en práctica políticas de integridad pública.
No podré asistir a esta cónclave, porque me encuentro con mi familia fuera del país, y de verdad lamento no estar allí pues este congreso es una de las reuniones más importantes en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. No obstante, espero que los periodistas convocados cuestionen al presidente Óscar Berger sobre la ausencia de acceso a la información y las pocas políticas estructurales para erradicar la corrupción que se han implementado.
Guatemala fue electo como país sede de la Conferencia, debido a que el gobierno de Berger enarboló la bandera de la transparencia.
Y si bien es cierto, existen adelantos, como la creación de Guatecompras, la fiscalización de Acción Ciudadana y la intentona de Berger de signar acuerdos presidenciales para pedir transparencia a sus funcionarios, el problema de fondo no se ha solucionado y la mayoría de instituciones del Estado no caminan en la línea de la transparencia.
Llama la atención que hasta este lunes se publicó en el diario oficial las reformas al Acuerdo Gubernativo No. 645-2005, que contiene las normas de acceso a la información pública en el Organismo Ejecutivo. Estos documentos pasaron engavetados casi un año, y lamentablemente, al final no impusieron ninguna sanción legal para el funcionario que niegue la información, por lo que no servirán de mucho y la secretividad en los gastos y contratos continuará impune. Me pregunto si este acuerdo no será un acto para impresionar a los invitados internacionales, pues las reformas de fondo no fueron aprobadas.
Uno de los aspectos que quedó pendiente de aprobar fue la rendición de cuentas de los fideicomisos públicos y la administración de proyectos por organismos internacionales (PNUD, OIM, entre otros), y ONG’s. El no transparentar estos gastos hace creer que no existe una política anticorrupción de fondo, pues como periodista, he visto de cerca la negativa de los funcionarios por rendir cuentas, particularmente en lo que se refiere a contratos de personal y ejecución de obra pública.
En este gobierno, un buen número de ministerios se han escudado en organismos como PNUD y OIM para que ellos administren el dinero que viene de nuestros impuestos y contraten asesores que devengan hasta Q125 mil, una cifra exorbitante y ofensiva, en comparación con los sueldos estatales. Así, los eximen de las planillas del Estado. Lo peor del caso, es que existen convenios de confidencialidad que no han permitido a PNUD mostrar estas planillas, simplemente porque los ministros no lo autorizan.
El presidente Berger ofreció abrir los expedientes del Estado, pero sus ministros siguen haciéndose los locos, y conocer en que se invierten nuestros impuestos sigue siendo un secreto. Eso, no se vale; principalmente, cuando se convoca al mundo para decir que el país camina hacia la transparencia.
Espero que el presidente Berger tenga la valentía de enmendar estos errores y explique a los delegados del mundo la negativa de la mayoría de sus ministros a rendir cuentas.
Por otro lado, los señores congresistas deben sentirse avergonzados porque hasta el día de hoy no han aprobado la ley de acceso a la información y la han mantenido engavetada por varios años.
También es censurable el rol de la bancada del gobierno de la Gana en el Congreso. Particularmente ahora que sale a luz pública que tres de sus más importantes diputados falsificaron documentos y cobraron dinero para viajar a París, con la autorización del jefe de Bancada Jorge Méndez Herbruger, que a estas alturas ya debería estar siendo procesado en los tribunales de justicia por sus múltiples actuaciones al margen de la ley y la compra de voluntades políticas.
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