No más leyes que favorecen a una minoría y afectan al resto.
Silvia Tejeda
Es incompresible que los bravos defensores de los principios y beneficios del TLC, tanto de parte de Estados Unidos como de Guatemala, no se hayan dado cuenta y permanezcan sin protestar ante la próxima aprobación que hará el Congreso de la Nueva Ley de la Actividad Aseguradora, que no se instituye en la apertura y la competencia de servicios, sino que cierra la posibilidad a nuevos inversores y la libre competencia en la oferta de servicios médicos. Se exigen interminables requisitos, que automáticamente retiran a cualquier compañía que desee venir a ofrecer nuevas opciones de seguros a los guatemaltecos. Y quienes persistan, como deberán hacerlo los intermediarios y corredores independientes, sin vínculos de vasallaje con las aseguradoras, sin duda, esperarán sentados unos cinco años, mientras llenan los engorrosos trámites que se concibieron pensando más en cerrar y no en abrir las puertas al mercado. No los enumero, porque se me agotarían los espacios para escribir el artículo. Cualquiera puede documentarse en www.radiopolis.info.
El espíritu del TLC se ha burlado sin tapujos y, a los guatemaltecos que, a pesar de pagar impuestos, no contamos con servicios médicos del Estado, ahora se nos conmina a aceptar los términos, condiciones y limitados servicios, de quienes están gamonalmente autorizados para vendérnoslos que, en algunos casos, son dueños de hospitales, tasan los aranceles médicos y tienen arreglos especiales con laboratorios y centros de diagnóstico. No dudaría que hasta tuvieran acciones en las compañías de funerales para completar su círculo.
Al impulsar una ley con tan clara dedicatoria al oligopolio que ya manejan las compañías aseguradoras locales en el ramo de salud; los señores diputados se valen del desprestigio del término Of Shore en inversiones económicas, para aprovechar borrar de un plumazo a los seguros médicos respaldados por compañías norteamericanas, alemanas, suizas también llamadas Of Shore que, manejadas y representadas por una minoría de corredores de seguros independientes, desde hace más de 20 años, compiten libremente con las compañías aseguradoras más fuertes y ofrecen por ejemplo: Cobertura a personas mayores de 65 años; no descartan a clientes con enfermedades crónicas, como la alta presión arterial; aseguran por maternidad a madres solteras, cubren defectos congénitos del recién nacido, aspectos que ordinariamente no cubre un seguro de salud guatemalteco. Es más, la oficina de protección al consumidor sí funciona en otros países y las compañías obligatoriamente están supervisadas por el Comisionado de seguros del Estado.
Es urgente que el Congreso reflexione sobre la situación de la salud en Guatemala y legisle para aquellos que hacen un triple esfuerzo comprando un seguro, pagan IGSS y pagan impuestos. No más leyes al servicio de minorías hablándonos de libre comercio y libertad de escoger.
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