Debemos participar en los asuntos de interés público.
José Carlos Zamora
Debido a la falta de instrumentos eficaces y a la ausencia de voluntad política para combatir la corrupción, se podría decir que las arcas de nuestro país se encuentran abiertas, pero para fortuna en el horizonte se vislumbra la posibilidad de un cambio radical. El sábado 18 de noviembre finalizó con éxito la XII Conferencia Mundial Anticorrupción de Transparencia Internacional. Este evento reunió a expertos y profesionales de 115 países, así como a gobernantes de la región. La conferencia fue un éxito ya que culminó con la publicación de una importante declaración que traza el plan de acción para combatir la corrupción en los próximos años.
Si esta iniciativa pasa de ser una mera declaración retórica y se transforma en un verdadero compromiso que se refleje en acciones, tales como la ejecución de las convenciones internacionales anticorrupción vigentes, en el desarrollo e implementación de una buena y efectiva ley de libre acceso a la información, en un sistema que haga más claro para toda la población la forma en la que se invierten y se gastan los fondos públicos, y en la creación de un ente fiscalizador del Estado verdaderamente independiente de los otros poderes estatales –especialmente con independencia absoluta del Ejecutivo– quien sigue siendo hasta hoy quien nombra al Contralor de Cuentas de la Nación.
Si esta declaración se traduce en reformas concretas, se podrá contar con un marco de transparencia que reducirá de manera sustancial la corrupción en las futuras administraciones. Esta conferencia fue de vital importancia, pues fue propicia para comprometer a los gobiernos de turno a promulgar nuevas leyes de libre acceso a la información, a rendir cuentas y a fomentar la transparencia en todas las instituciones del Estado. La implementación real de esta declaración hará posible dejar a los siguientes gobiernos con las manos atadas, evitando así la discrecionalidad, la arbitrariedad y la confidencialidad en el gasto público y en las demás actuaciones del Estado. La administración de turno aún está a tiempo para dejar este legado de transparencia a nuestra nación.
Pero también es importante reconocer que todos estos cambios no son solamente responsabilidad del Estado. Estos cambios y este compromiso anticorrupción también nos corresponde a todos nosotros como sociedad civil. Con el fin de alcanzar la transparencia en las funciones públicas, el Estado debe construir, promocionar y fomentar el derecho al acceso a la información, para así permitir una mayor participación ciudadana en la esfera pública. Pero nosotros como sociedad civil, como ciudadanos, debemos participar activamente en los asuntos de interés público y asumir la responsabilidad de ser fiscalizadores constantes de todos aquellos que ejercen las funciones públicas.
Únicamente con la participación política activa de la sociedad civil, lograremos tener una sociedad más abierta y transparente y alcanzar una verdadera democracia participativa. Con el establecimiento de una ley de libre acceso a la información pública vamos a contar con información amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos de interés público, lo que nos permitirá ejercer de una mejor manera los derechos previstos en nuestra Constitución, así como obligar a nuestros gobernantes a obedecer las leyes que juraron cumplir y a exigirles una transparente rendición de cuentas. Las reformas para desarrollar y fomentar la transparencia y el control y la fiscalización ciudadana reducirán la corrupción y permitirán cerrar esa arca que ha estado abierta desde tiempos inmemoriales y ha sido propicia para el enriquecimiento ilícito de políticos, funcionarios y dignatarios sinvergüenzas.
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