En el curso de esta semana, en Nueva York, se prevé que el Secretario General de la ONU y el Gobierno de Guatemala firmen el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con una vigencia de 2 años prorrogables, que sustituirá al convenio para el establecimiento de la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), algunas de cuyas disposiciones, según la Corte de Constitucionalidad, eran incompatibles con la Constitución.
elEditorial
El objetivo primordial de la CICIG será apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), así como cualquier otra conducta delictiva conexa con estos, y la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes (autores, cómplices y encubridores) de los delitos cometidos.
La CICIG operará bajo la responsabilidad de un (a) comisionado (a) designado (a) por el Secretario General de la ONU, que deberá ser jurista y poseer un alto nivel de competencia profesional en esferas directamente relacionadas con el mandato de la CICIG, particularmente los derechos humanos, el Derecho Penal y el Derecho Internacional, así como poseer una amplia experiencia en la investigación y el combate contra la impunidad. Asimismo, dicho (a) comisionado (a) disfrutará de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
El desmantelamiento de los CIACS y el procesamiento penal de los responsables están previstos en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, que es uno de los Acuerdos de Paz que firmaron el Gobierno de Guatemala y la URNG. Asimismo, el combate contra el crimen organizado es un imperativo, ya que es un flagelo que está sufriendo la población guatemalteca.
En consecuencia, nos complace que el gobierno haya retomado el tema a través de la creación de la CICIG.
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