Luz verde para iniciar proceso contra diputados del FRG

El Juzgado Quinto del Ramo Penal recibió de la Corte de Constitucionalidad el expediente donde se confirma que los diputados del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Leopoldo Cruz Clavería y Juan Santa Cruz, acusados de haber participado en los disturbios del 24 y 25 de julio de 2003, ya no gozan de inmunidad y, por lo tanto, se les puede iniciar un proceso penal en su contra.

“El Ministerio Público (MP) y los querellantes tienen derecho a pronunciarse en cuanto a lo resuelto por la CC, pues en base a la postura de cada una de las partes se decidirá el rumbo el proceso”, subrayó el juez, Julio Xitumul.

Por ahora, se espera que el MP pida la indagatoria de los diputados por su presunta responsabilidad en los sucesos protagonizados por simpatizantes del FRG, donde falleció el periodista Héctor Ramírez, refiere Walter Robles, abogado de la familia Ramírez.

Robles refiere que el ente investigador ha tomado una “actitud negligente y pasiva al no citar a los congresistas, pese ha tener conocimiento que no gozaban de inmunidad. Pero, de no pedir que sean escuchados se promoverá un antejuicio contra el fiscal general, Juan Luis Florido”, recalcó.

El diputado Santa Cruz explicó que por el momento no ha recibido la notificación oficial de la CC. “Creo que más pertinente es analizar el fallo para saber si cabe otro recurso, si no, pues nos someteremos a lo que diga la Ley, pues si existe esta decisión, se debe respetar”, indicó.
En este caso, el juzgado, a solicitud del MP, exoneró del proceso penal al secretario general del FRG, Efraín Ríos Montt, por considerar que no existían evidencias en su contra.

Mientras tanto, su nieto, Juan Pablo Ríos; sus sobrinas, Luisa Fernanda Sosa, Ingrid Argueta Sosa; el ex diputado del FRG,  Jorge Arévalo; Mirna López, esposa del congresista Santa Cruz, y nueve personas más, se les impuso una pena de un año y seis meses de prisión conmutable, por la que deben cancelar más de Q13 mil.

En el caso del ex ministro de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón, se le impuso dos años de prisión conmutables, que se exime al cancelar más de Q18 mil.

El único que está pendiente de debate es el ex director de la Policía Nacional Civil, Raúl Manchamé Leiva.

‘elPeriódico’ intentó obtener la versión de Florido y la fiscal del caso, Alba Gudiel, pero ninguno atendió las llamadas.

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